El consumidor tiene derecho a que le informen de sus consumos de calefacción (el 46% de su gasto doméstico), igual que ya dispone de información precisa de su consumo de gas, electricidad, teléfono… Si hurtamos el derecho de los vecinos a tener una factura similar para la calefacción (con históricos de consumos, precios y cálculos transparentes, acceso electrónico a la información, etc. ) tal como prescribe la Directiva, estaremos haciendo un flaco favor al ahorro.
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