La monarquía fue una de las cargas que impuso la élite político militar franquista para permitir la transición hacia un régimen democrático. No fue la única carga, evidentemente, pero sí la más emblemática. Con el proclamado rey de España se traspasaba, sin solución de continuidad, la legitimidad en la jefatura del estado del dictador a la naciente democracia surgida de la constitución del 78.

No es asunto baladí ocultar tan aciago origen, sobre todo teniendo en cuenta que se sabía entonces que los españoles estaban mayoritariamente en contra de la monarquía. Tras lograr la aquiescencia de los dirigentes de las principales fuerzas políticas que supuestamente representaban a la oposición democrática, la maquinaria mediática se puso inmediatamente en marcha para embaucar a la plebe. El objetivo era doble; por un lado, exhibir a la familia real como un modelo de comportamiento cívico y moral que, milagrosamente, había renunciado a todos los hábitos corruptos del régimen franquista en los que el rey se había educado desde su infancia; y por otro, presentar la institución monárquica como la única capaz de unir en torno a ella a todos los españoles, independientemente de su clase social o territorio de nacimiento.

 Durante un tiempo toda la maquinaria del engaño pareció funcionar, bien engrasada por corifeos mediáticos que propagaban amañados elogios y alabanzas. Pero a todo cerdo le llega su san Martín y las noticias de fugaces amoríos, que inicialmente parecían intrascendentes, se convirtieron pronto en un reguero de mentiras y amantes, aderezado con turbios asuntos de comisiones y regalos cuyo importe ya se cuenta por cientos de millones de euros. Acabamos de tener conocimiento del último capítulo, de 1,7 millones de euros, a través del sumario que un fiscal suizo está elaborando. Y todo parece indicar que vendrán más revelaciones. La imagen de familia modélica ya ha caído estrepitosamente y no tiene visos de recuperarse.

Queda aún la supuesta imagen de la monarquía como garante de la indisolubilidad de la nación española, un encargo directo de Franco a su sucesor, y que es visto por la derecha política como irrenunciable. El tiempo se ha encargado también de derrumbar este frágil castillo de naipes. La incapacidad de la clase política española, particularmente la derecha, de resolver el conflicto territorial ha llevado a un uso partidista de la monarquía en este conflicto que ha hecho saltar su supuesta neutralidad y capacidad de arbitraje. El momento decisivo fue el mensaje del actual rey el 3 de octubre de 2019 interviniendo en el conflicto catalán. Desde ese momento, la monarquía perdió toda posibilidad de ser vista como un actor neutral en ese conflicto. Los resultados que se obtienen en los escasos sondeos que se conocen sobre la monarquía en España confirman que la inmensa mayoría de catalanes y vascos valoran muy negativamente al actual rey Felipe ( y en otras comunidades como Galicia, Navarra y Valencia, las notas obtenidas son también negativas).

El problema para la monarquía se agranda pues los resultados en los sondeos confirman que el sentimiento republicano ya empata con el monárquico a nivel del estado, con el agravante de que la valoración de la monarquía cae de nuevo en picado cuando la edad de los consultados disminuye. El tiempo parece correr en su contra.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la estrategia seguida por los defensores del llamado régimen del 78, una vez desechado el rey Juan Carlos y rápidamente sustituido por su heredero varón Felipe, se reduce básicamente a aguantar sin más. Esperan y confían en tiempos mejores. ¿Cuál es la razón de esta estrategia tan simple?

La monarquía es la clave de bóveda del actual sistema político español. Si esta cae, caerían también los privilegios de la iglesia católica, la ley de amnistía que blinda a los criminales de la dictadura franquista, y el sistema constitucional de autonomías que debería dar lugar a un sistema federal más acorde con la realidad plurinacional de este país. Eso lo tenía claro Fernández Díaz cuando, hace unos días, decía: Cuestionar la Monarquía es más letal para España que el coronavirus. Letal para su idea de España, claro.

Y eso lo tenían claro los redactores de la actual constitución, que blindaron su reforma para imposibilitar el rechazo a la institución monárquica, incluso pasando por encima de una posible voluntad mayoritaria del pueblo. El cambio requiere una mayoría de dos tercios en las Cortes, su disolución, convocatoria de nuevas elecciones, y celebración de un nuevo referendo constitucional para instaurar una república.

Es comprensible que el rey y sus seguidores áulicos se sientan tranquilos. Pero quizás no deberían estarlo tanto. El PSOE, que hasta ahora ha sido sostén eficaz de la monarquía, puede comprobar que sus militantes y votantes ya son mayoritariamente republicanos según todos los sondeos conocidos últimamente. Y los partidos de la derecha deberían reflexionar sobre la utilidad de una monarquía aborrecida por catalanes, vascos, gallegos, valencianos, toda la izquierda y por la mayoría de los nuevos jóvenes votantes. Tener rey ya no es la solución, es cada vez más el problema.

Salud

La restauración de la monarquía borbónica fue una decisión del dictador genocida Franco, tras el derribo a sangre y fuego del anterior régimen republicano legítimo. Era la segunda vez que, por la fuerza, se restauraba la dinastía de los borbones en España.

Esta decisión de Franco podría haber sido efímera si, tras su muerte, la llamada transición (irónicamente considerada modélica por algunos de sus protagonistas) hubiera discurrido como una verdadera ruptura de la sociedad española con uno de los períodos más nefastos de su historia. Pero la realidad que se impuso fue que el paso a un sistema democrático era posible únicamente si no eran puestas en cuestión algunas de las principales señas de identidad de la dictadura, y una de ellas era la monarquía encarnada en el designado por Franco como su sucesor, Juan Carlos Borbón Borbón, para el que el entonces jefe del estado nacional católico creó el pomposo título de Príncipe de España.

La monarquía fue por tanto la única opción posible para los que deseaban el fin de la dictadura y el paso a un nuevo estado democrático que situara de nuevo a España entre los modernos países europeos. Era democracia con monarquía o seguir con la dictadura por un tiempo indefinido.

El rey Juan Carlos no abjuró nunca públicamente de este evidente nexo de unión de su jefatura de estado con la anterior. No se le conoce pronunciamiento alguno en ese sentido, y no parece que dudara en conceder un título nobiliario con grandeza de España, el Ducado de Franco, a María del Carmen Franco y Polo, en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren, un acto que atenta directamente contra cualquier mínima conciencia democrática.

No resulta extraño entonces que, desde el principio, se requiriera una protección especial de la monarquía para distanciarla de tan vergonzoso comienzo. La primera y más importante medida fue un pacto, no escrito, entre los principales medios de comunicación españoles para ocultar cualquier escándalo, pequeño o grande, que afectara a los miembros de la familia real, a la par que aparecían cotidianamente alabanzas, elogios y reportajes panegíricos de la familia real. Cualquier momento era bueno para contraponer el supuestamente ejemplar comportamiento de los residentes del Palacio de la Zarzuela en contraste con el exhibido por familias reales y presidentes de otros países europeos.

Es evidente que un pacto de silencio de este tipo repugna a cualquiera que confíe mínimamente en un sistema democrático, para el cual la libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales. Pero el tiempo parece demostrar que contribuyó a ocultar supuestos comportamientos incluso delictivos del entonces rey Juan Carlos; algo que no resultaría extraño si los vemos como continuación de actitudes y comportamientos naturales durante la dictadura que llevó de nuevo al poder de los Borbones. Pero ya sabía Abraham Lincoln que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo y la publicación de los primeros escándalos llevaron a una precipitada abdicación en favor de su hijo Felipe. El objetivo era repetir de nuevo una jugada completamente similar: colocar en la jefatura del estado una persona limpia de toda sospecha mientras todos los comportamientos execrables se apuntaban al anterior rey, que cargaba con todos los pecados a modo de chivo expiatorio.

Pero, por el agujero creado en ese pacto de silencio de los medios, siguen saliendo a la luz asuntos que revelan supuestos comportamientos delictivos: cuentas en Suiza, comisiones por intermediación en contratos del Estado, blanqueo de dinero, uso de la amnistía fiscal de Montoro, etc.

Lo natural, en cualquier país de tradición democrática, habría sido un escándalo de enormes dimensiones y la puesta en marcha de una investigación urgente por parte de las más altas instituciones. Pero lo cierto es que hemos avanzado poco. Los únicos partidos estatales que piden una investigación son Podemos e Izquierda Unida y, de nuevo, los principales diarios y cadenas de televisión pasan de puntillas por este asunto. El propio gobierno socialista considera que es un asunto ya antiguo que no afecta al actual jefe del estado, obviando que ser hijo del anterior es el único mérito aducido para llegar a serlo.

No podemos permitir que este asunto se termine olvidando. No les podemos dar la oportunidad de mentirnos otros 40 u 80 años. La monarquía debe asumir todas las responsabilidades que se deriven, judicial y políticamente, de la investigación de esos supuestos hechos criminales. Y la propia monarquía como institución deberá ser cuestionada por ello si hubiera lugar. No somos súbditos, que no se rían de nosotros.

 

Salud

Ha pasado ya un lustro desde la abdicación de Juan Carlos Borbón en favor de su hijo Felipe, quien ejerce ahora de jefe de Estado. Es probable que no se recuerde muy bien la ceremonia pues fue una operación de urgencia, urdida para salvar la monarquía borbónica que se encontraba cercada por múltiples asuntos turbios en su vida familiar y en sus negocios. El prestigio de la familia real, ya de por sí débil debido a su vuelta al poder originada en la decisión del dictador Franco caía en picado y necesitaba de una operación decisiva para salvarse.

Esa debilidad de origen era bien conocida por el gobierno de Adolfo Suárez que puso todos los medios para impedir que se celebrara un referendo para decidir entre monarquía y república, sabedor de que podía perderlo con altísima probablidad. La protección a la monarquía se completó con un acuerdo no escrito entre todos los grandes medios de comunicación para esconder cualquier asunto familiar, político o de negocios que pudiera enturbiar mínimamente la imagen idílica y modélica que se pretendía transmitir al pueblo.

Pero ya conocemos la frase, atribuida a Lincoln: Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Con el tiempo fueron conociéndose diversos problemas que minaron seriamente ese prestigio. Y una de las soluciones consistió en dejar de realizar sondeos sobre la monarquía desde los organismos públicos encargados de estos menesteres, léase básicamente el CIS.

El truco de considerar innecesarios los sondeos funciona bastante bien, pero aún así es inevitable que, de vez en cuando, surja algun sondeo encargado por algún medio de comunicación privado. Es el caso del último sondeo aparecido en El confidencial (1), justificado precisamente en el quinto aniversario del ascenso al trono de Felipe Borbón Grecia.

Nos preguntamos ahora, ¿qué podemos deducir de los resultados de esta encuesta? La primera lectura, evidenciada en el propio título elegido por El Confidencial es que los monárquicos son mayoría, algo que debería alegrar al rey, a su familia y a todos los monárquicos. Sin embargo, hay algo que chirría. Si los monárquicos son más que los republicanos, ¿por qué se sigue evitando hacer sondeos en el CIS sobre ello? ¿por qué no convocar un referendo cuanto antes y resolver el problema de la legitimidad monárquica de una vez por todas?

La respuesta a las preguntas anteriores es evidente si leemos con algo de atención los datos proporcionados por el sondeo. Un 50,8% de españoles se considera monárquico, pero los que prefieren la república (46,1%), se sitúan a muy poca distancia. Desde luego, sería terriblemente aventurado convocar una consulta popular para decidir entre monarquía y república confiando en ese escaso margen. Ya se sabe que los referendos los carga el diablo, que se lo pregunten a los británicos. 

Pero incluso si la balanza cayera del lado monárquico, una diferencia tan pequeña proclamaría a los cuatro vientos el hecho de que la monarquía española es la que menor apoyo recibe de los ciudadanos (¿o súbditos?) de su país entre las que quedan en Europa occidental. Hay que recordar que una de las más recurridas justificaciones para mantener las monarquías es la idea de que el mantenimiento de la monarquía en la actualidad obedece a su papel como símbolo de la unidad nacional frente a la división territorial y su poder arbitral frente a los distintos partidos políticos (2). El segundo de estos argumentos es inconsistente con el hecho de que la mitad de la población no está a favor de mantener en la jefatura del Estado a la persona que supuestamente debe ejercer esa labor arbitral. Algo que se evidenció cuando Felipe Borbón intervino en la crisis catalana el 3 de octubre de 2017 mediante un mensaje televisivo. Es evidente que su discurso no fue interpretado en ningún momento como una mediación; ni entre sus partidarios, los llamados constitucionalistas, que aplaudieron y jalearon sus palabras como una reafirmación de sus propias posturas, ni entre sus detractores, los independentistas, que se tomaron como una afrenta el discurso.

Queda aún el argumento de la monarquía como garante de unidad nacional. Esta tesis es ampliamente difundida y defendida por los partidarios de la actual monarquía española; algo natural por otra parte si pensamos en su origen en la anterior dictadura franquista, que tanto ensalzó el lema de España, una, grande y libre como muestra de su visión de la unidad de la patria como algo prácticamente sagrado. Pero, de nuevo, los datos de la encuesta derrumban implacablemente esta posible justificación de la institución monárquica. Es sabido que el principal desafío para la unidad de España reside en las llamadas comunidades históricas; Cataluña, País Vasco y Galicia. Y en todas ellas la población es mayoritariamente republicana. El 74% de los catalanes y el 70,6% de los vascos se declaran republicanos. De hecho, en Cataluña y País Vasco, el porcentaje de republicanos rebasa ampliamente al de independentistas, dejando claro que la población ve al rey como un impedimento para normalizar las relaciones actuales y futuras entre estas comunidades y el resto de España.

Naturalmente, siempre queda la opción de tapar el problema y dejar que el paso del tiempo baje el suflé, pero de nuevo la encuesta es demoledora. Las nuevas generaciones son cada vez más republicanas, de manera que la mayoría monárquica de la población puede desaparecer en cuestión de unos pocos años. Aun así, ese es el único proceder razonable que le queda al rey y a su familia: esperar sin hacer mucho ruido, confiar en su armamento mediático y, suponiendo que les quede algo de fe en esa religión católica que les sustenta desde su jerarquía, rezar fervorosamente para que las cosas cambien. 

Y, efectivamente, parece que se han convertido en especialistas en aguantar el chaparrón sin pestañear y cultivar en todo lo posible la imagen de familia modélica que quedó destrozada con el anterior rey. Tras un pomposo acto en el que la reina Isabel de Inglaterra, que ya se sabe es de la familia, le impuso la distinción de la orden de la jarretera, una ridícula y medieval dignidad entre las varias que los monarcas europeos se conceden periódica y mutuamente, el rey Felipe volvió apresuradamente a España para compartir auditorio público con 41 personas distinguidas con la medalla al mérito civil. Una distinción otorgada a personas con vidas anónimas pero con actuaciones extraordinarias que les sitúan como merecedores de un reconocimiento especial. Justo lo contrario de un rey.

 

Salud

 

 

(1) www.meneame.net/story/espana-sigue-siendo-monarquica-gracias-andaluces

 (2) es.wikipedia.org/wiki/Monarquía

 

 

 

Andan soliviantados algunos conspicuos monárquicos por la ronda de conversaciones que ha tenido Pedro Sánchez con Casado, Rivera e Iglesias. El resultado de las elecciones generales del 28A ha dejado claro que, de una manera u otra, será Sánchez quien gobierne. Es lógico por tanto que inicie conversaciones con quienes van a formar la oposición, van a apoyarle o, quizás, entran también a gobernar con él.

¿Cuál es el problema entonces? José Antonio Zarzalejos, por citar a alguien representativo de los monárquicos ofendidos, aduce razones constitucionales (1): después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Zarzalejos cree entonces (casi parece que lo exije) que hay que esperar a que se constituya el Congreso de Diputados, se elija su presidente y entonces el Rey inicie la ronda de consultas.  Ante el hecho consumado, proponía que Sánchez se arrepintiese y desconvocara la ronda de consultas o, en caso contrario, que Casado y Rivera se excusaran y no acudieran a la llamada de Sánchez ( de Iglesias no decía nada, o le daba igual o ya lo daba por perdido). Los hechos no parecen haberle dado la razón.

Desde luego, esta es una de las pocas ocupaciones que recaen en el monarca (no me parece adecuado llamarlo trabajo) y es normal que cualquier monárquico se encone y llegue al insulto (el flemático Zarzalejos llega a acusar a Sánchez de poseer un acusado narcisismo y una inflamada autoestima) si observa que el Rey es ninguneado.

Desde luego, no cabe pensar que la actitud de Sánchez sea achacable a un inflamado republicanismo, pues ya sabemos que hace años que los líderes socialistas (no así las bases) son republicanos en abstracto, pero monárquicos en la práctica. La explicación hay que buscarla más bien en la Bisoñez de Pedro Sánchez en los asuntos protocolarios, debido seguramente a su meteórica ascensión tras su defenestración por la ejecutiva socialista, y a la pérdida de la visión sumisa que se tiene de la familia real después de que hayan salido a la luz tantos asuntos turbios en su vida familiar y en sus negocios.

Al fin y al cabo, nadie piensa que, en anteriores ocasiones, haya sido en verdad el Rey quien, a la vista de las explicaciones de los líderes políticos y tras sesudas reflexiones, haya desentrañado quién era objetivamente el mejor candidato a Presidente del Gobierno. Más bien la función del Rey se reducía siempre a proponer el candidato ya evidente por aritmética parlamentaria tras las conversaciones entre los distintos líderes políticos, si es que estas eran necesarias. La propuesta del Rey es simplemente un acto puramente teatral destinado a justificar su puesto ante sus súbditos.

El movimiento de Pedro Sánchez ha venido simplemente a ratificar de manera pública y notoria lo que es evidente: el rey es una figura exclusivamente decorativa cuya función en nuestro país ha sido simplemente justificar el mantenimiento de estructuras de poder, tanto económicas y religiosas, heredadas de la anterior dictadura. Perdida su justificación como garante de la unidad del país tras el descalabro de su popularidad y el absoluto dominio del republicanismo en Cataluña y el País vasco, ya no queda más que esperar a que el aumento del sentimiento republicano entre la población, ya detectado por las encuestas, lleve finalmente a la caída de la monarquía borbónica posfranquista. Como en el cuento, el rey está desnudo y los monárquicos, que son como niños, se han dado cuenta y están cabreados.

Salud

(1) blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2019-05-02/funciones-rey-feli

 

Juan Carlos I se va de España para preservar la monarquía borbónica instaurada en España por la gracia del dictador Franco. Este indigno origen de la actual monarquía se une al característico origen medieval de todas las monarquías europeas que justificaba su existencia por la gracia de dios. Esta absurda justificación de la monarquía ha conducido a lo largo de la historia a entregar la representación de la sociedad (y hasta hace poco el poder absoluto) a personajes vulgares y mezquinos que jamás han mirado por el bien del pueblo, sino por el suyo propio, el de sus familiares y el de sus secuaces; y  a dar cobertura a personajes inútiles y derrochadores que acaparaban prebendas y privilegios exclusivos.

Tan aciaga procedencia necesitaba, tras la proclamación en 1975 de Juan Carlos como rey por la cortes franquistas, de una protección sustancial para darle al menos una capa de legitimidad. Esto era si cabe más necesario a la vista de los sondeos que se realizaban y que revelaban el apoyo minoritario de la población a la corona.

Se tejió entonces una gigantesca estafa mediático-política que presentó a la familia real como ejemplar y garante de la estabilidad y la unidad del reino.  Una coartada para justificar la imposición de la monarquía, que jamás estuvo en cuestión durante la transición, con independencia del resultado del referendo constitucional de 1978.  A convencidos monárquicos se unían conspicuos personajes políticos que se declaraban pomposamente juancarlistas para coser con toscos hilvanes su supuesto republicanismo y su sumisión al nuevo rey borbón.

La ejemplaridad de cintura para abajo ya hace tiempo que se desvaneció, si bien muchos le restaban importancia y veían en ello una prueba más  de su campechanía. Más tiempo tardaron en llegar al conocimiento generalizado del pueblo asuntos de tipo crematístico, pero al final la realidad ha estallado en la cara de esos siervos áulicos, esos vasallos que ocultaron esa misma verdad al pueblo, que quisieron hacer creer que tenían una monarquía moderna, cuando era solo una monarquía bananera.

La monarquía se derrumba ante nuestros ojos. Reaparecen las razones que llevaron al exilio al denostado rey Alfonso XIII, y unos pocos periodistas y políticos piden perdón por las mentiras y los fraudes cometidos. Y digo unos pocos, no todos, porque la mayoría de los farsantes persisten en perpetuar el mismo fraude, tratando de desvincular al actual rey Felipe de las actuaciones de su padre. Algo imposible en una institución cuya única, y absurda, justificación es la persona que la encarna. El rey Felipe no puede renunciar a su herencia si no renuncia a su reinado, de la misma forma que cualquier ciudadano tiene que asumir las deudas, no solo los bienes, de las herencias que recibe.

Y queda el otro argumento, más miserable aún, de los que pretenden apuntalar la monarquía  a cualquier precio: el peligro de una nueva guerra civil. Los mismos que usaron ese argumento hace 45 años para justificar en el texto de la constitución la permanencia de la monarquía, de los privilegios de la iglesia, de la adjudicación al ejército de la defensa del ordenamiento constitucional, de leyes  de amnistía  y concordatos preconstitucionales, nos amenazan de nuevo. Llevan desde 1978 diciendo que esta es una democracia auténtica y ahora nos dicen que estamos vigilados. Son los mismos que han permitido que el problema territorial   crezca en España hasta límites inconcebibles hace pocos años y que ahora muestran a la Corona como garantía de unidad.  La misma corona que es valorada con un 0 por el 70% de los catalanes, una demostración palpable de que ya no es la solución, sino parte del problema. Pero la España actual tiene poco que ver con la que arrasaron los fascistas al provocar una guerra civil, y son ellos los que se equivocan con esas amenazas.

Ahora parece que la solución es que el rey emérito se exilie a un país extranjero, como si eso cortara de raíz la continuidad de la institución monárquica en su propio hijo. Eso es tomar al pueblo como súbditos imbéciles. El frasco de las esencias monárquicas se ha destapado y lo que surge no son precisamente agradables aromas, sino que más bien parecen pestilentes hedores.

Los sondeos conocidos coinciden en que la institución monárquica ya se ha derrumbado entre  los jóvenes y en los dos grandes territorios históricos que urge atraer para tratar de caminar juntos y así ser más fuerte ante las futuras, y presentes, adversidades económicas originadas por la globalización económica. Las fuerzas políticas de la izquierda, espoleadas por el porpio origen franquista de la monarquía ya se han pasado al republicanismo. El propio PSOE tendrá que admitirlo cuando constate, que es de esperar que lo haya hecho ya, el republicanismo mayoritario de sus votantes. Solo falta un partido de centro derecha que se una. Naturalmente, no serán PP y VOX, maniatados por su propio origen en las élites franquistas de la transición, pero es cuestión de tiempo que se cubra el vacío de un partido de centro derecha realmente homologable a los que vemos en los grandes países que lideran Europa. Ese día, habrá que sentarse a negociar un nuevo tiempo para la historia de España. Y hay muchas cosas que mejorar en nuestra lastrada constitución, no solo la monarquía.

Salud

 

 

 

Juan Carlos Borbón Borbón, entonces sucesor de Franco en la jefatura del estado a título de rey, relató cuáles fueron las últimas palabras que le dijo el dictador pocos días antes de morir:

Franco me cogió la mano y me dijo: 'Alteza, la única cosa que le pido es que preserve la unidad de España'

Esto explica bastante bien la sobreactuación de la derecha en el tema de Cataluña.

Felipe V tenía un problema de salud mental gravísimo. En aquel entonces lo llamaban «vapores nostálgicos», pero lo que tenía era una depresión. Este hombre acabó totalmente tocado, desquiciado, corriendo en pelotas por el palacio de la Granja, creyéndose una rana y negándose a que le lavaran. Tampoco dejaba que le cortasen las uñas, y de tanto que le crecieron no podía casi ni andar. Cuando se murió no le podían despegar la ropa del cuerpo de la mierda que llevaba encima. Fue tremendo, pero claro, como un rey tiene que ser rey porque sí… Esa es la razón por la no se puede tener reyes, porque te pueden salir delincuentes, enfermos, malos… Por eso hay que votar. Te puedes equivocar con el presidente de la República, pero tienes la opción de echarlo. Con los reyes eso no funciona así. Además, en este país la dinastía de los Borbones es absolutamente corrupta.

Nieves Concostrina

1.- Da un golpe de estado contra una república legítima e instaura una dictadura durante 40 años.

2.- Durante el periodo anteriormente señalado, elimina convenientemente todo rastro de oposición organizada.

3.- Elige como sucesor a título de rey a alguien que te convenga ( ni siquiera hace falta que sea el legítimo sucesor).

4.- Durante el periodo de transición a la democracia, y para evitar sobresaltos, deja en sus puestos al ejército, la iglesia, la policía, etc.

5.- Procura que la constitución sea lo más difícil de cambiar como sea posible.

La Monarquía como sistema político ha desaparecido ya de la mayor parte de los países democráticos occidentales. De forma pacífica o violenta, la mayoría de las monarquías europeas han dado lugar a distintos tipos de repúblicas, siendo inconcebible que pudieran volver atrás. En esto, España es un caso singular; en dos ocasiones se ha implantado una república y, en ambos casos por la fuerza, se ha restaurado la monarquía. De hecho, la segunda vez se aprovechó para limpiar el país, mediante el asesinato o el exilio, de cualquier persona que se hubiera destacado en la defensa del sistema republicano. Los 40 años siguientes de feroz dictadura sirvieron para profundizar todo lo posible en esta limpieza, propagando la idea de que la guerra civil española no había sido provocada por los golpistas fascistas que se alzaron en armas, sino que era el propio régimen legítimo republicano el culpable.

Sin embargo, la conjunción del carácter inherentemente antidemocrático de la monarquía y de su origen en una restauración propugnada por una dictadura fascista obliga necesariamente a medidas drásticas para sostener su prestigio entre la población. Es bien conocido que, desde la aprobación de la constitución del 78 que impuso la monarquía parlamentaria actual como única alternativa democrática a la dictadura, se sucedieron durante muchos años todo tipo de tretas para ocultar a la población cualquier información que pudiera dañar la imagen idílica de la familia real que se transmitía a través de los medios de información dominantes.

No es fácil engañar a todo el mundo durante mucho tiempo y, finalmente, salieron a la luz todo tipo de negocios turbios y viajes ocultos, aderezados con infidelidades matrimoniales, que llevaron al deterioro imparable de la reputación del rey Juan Carlos. La situación se volvió crítica, requiriendo medidas inmediatas para evitar la caída de la monarquía. En un movimiento que habría sido impensable pocos años atrás, el rey Juan Carlos abdicó dejando la corona a su hijo Felipe. Un movimiento que debería haber sido inútil pues en realidad no resolvía ninguno de los problemas que habían originado el deterioro de la institución monárquica. Pero la mayoría de los partidos políticos, incluido el gobierno, renunciaron a exigir las lógicas responsabilidades, tanto al anterior monarca, como al actual que le sucedía por el único mérito de ser su descendiente directo.

Desde entonces, un ejército de serviles pelotas y lameplatos se han ocupado de ensalzar en los medios cualquier tipo de actuación del rey actual. Una tarea que no es sencilla, pues las obligaciones del monarca, más allá de esporádicas apariciones públicas en las que el único mérito es dejarse ver, son realmente escasas.

Resulta por tanto vital que esta cuadrilla de tiralevitas aproveche la ocasión cuando le toca al rey cumplir el mandato constitucional de Proponer al Congreso de los Diputados el candidato a la presidencia del Gobierno tras consultar con los líderes políticos con representación parlamentaria. Naturalmente, esta tarea no es especialmente complicada. La única dificultad es sumar los diputados de todos los partidos dispuestos a apoyar a un candidato a presidente de gobierno y comprobar si la suma es mayor o igual que 176. Esto es de primero o segundo de Primaria.

Pero eso no es un obstáculo para adular al rey hasta la náusea. Un editorial de La Razón deduce que El Rey es ejemplo de sentido de Estado (1) atribuyéndole un desempeño ejemplar de sus funciones, el mérito de mantener los consensos básicos de una democracia avanzada como es la nuestra e impedir que la parálisis política dañe irremediablemente al conjunto de la Nación. ¡Ni las propias mitológicas tareas del semidiós Hércules pueden compararse a tamañas proezas!

Cabría pensar que no se podía esperar otra cosa del diario La Razón, pero es posible subir la apuesta. En el diario El País, que se supone más centrado, un artículo (2) firmado por un investigador de la Fundación Alternativas (supuestamente progresista) señala al rey como pieza clave para la lucha contra el cambio climático para movilizar a la sociedad en general, así como a los poderes políticos, sociales y económicos ante esos procesos de cambio tan necesarios ante el impacto del calentamiento global. Sorprende que no hayan avisado a países republicanos de nuestro entorno como Francia, Portugal, Italia o Alemania, para que instauren una monarquía ¡antes de que sea demasiado tarde para salvar al planeta!

A veces parece que uno va a encontrar algo de lucidez entre tanta ofuscación babosa. Es el caso de un artículo de El Confidencial (3) en el que se evidencia que el presidente de la República italiana, valiéndose de su legitimidad democrática, decidió buscar la estabilidad promoviendo una nueva mayoría gubernamental sin necesidad de elecciones. Una operación prohibida a un rey cuya única función es la de florero. El razonamiento parece impecable, pero al final le temblaron las piernas al autor. Para salvar a la monarquía, emplea un conocido y ridículo argumento monárquico: Pero imaginen por un momento que en España ese jefe de Estado fuera José Bono o José María Aznar. Lo de que el cargo de presidente de la república es por elección democrática y por tanto puede ser revocado tras cada mandato ya parece no importar.

 

Salud

 

 

(1) www.larazon.es/opinion/editorial/el-rey-ejemplo-de-sentido-de-estado-K

(2) elpais.com/economia/2019/09/19/alternativas/1568883745_757410.html

(3) blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2019-09-19/podria

 

 

La Monarquía es, ya en su propia esencia, un concepto antidemocrático pues atenta contra uno de sus principios fundamentales, la igualdad entre todas las personas. La Monarquía española actual arrastra además otra pesada carga: debe su restauración al designio del dictador Franco quien eliminó la legítima segunda República, tras provocar una cruenta guerra civil al fracasar un intento de golpe de estado, instauró una dictadura fascista durante 40 años y nombró al borbón Juan Carlos como sucesor suyo en la jefatura del estado a título de Rey. Todo atado y bien atado.

Unos comienzos tan poco deseables desde el punto de vista democrático necesitaban una protección mediática y política de la familia real borbónica, protegiéndola del debate político. Y eso fue lo que ocurrió durante muchos años, siendo común que cualquier alusión mediática a la Monarquía fuera únicamente para alabar su ejemplar comportamiento o para justificar de algún modo su necesidad o conveniencia en la España actual.

Afortunadamente, ese amparo mediático acabó ya y actualmente conocemos bien los muchos y variados escándalos familiares y de corrupción que han acompañado a la familia real desde la muerte del anterior dictador.

En cuanto a su necesidad como institución del estado, uno de los argumentos más repetidos es el de su papel como garante de la Unidad nacional, un valor heredado de la anterior dictadura. Precisamente, acabamos de tener noticia de dos sondeos institucionales que resultan reveladores en cuanto a la posible validez de este argumento en defensa de la Monarquía.

El primero es el sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) (1) en el que un 75,9% de los catalanes manifiestan preferir la república como forma de gobierno, frente a un escaso 12,3% que se decanta por la monarquía. Además, en el apartado sobre valoración de las instituciones, los catalanes sitúan a la Casa Real con la peor puntuación, un 1,82 sobre 10,

El segundo sondeo es el nuevo Sociómetro del Gobierno vasco (2) en el que, si bien no se pregunta directamente sobre la preferencia entre Monarquía y República, se ha preguntado a los vascos es su confianza en las instituciones. Y aquí, la Monarquía vuelve a estar en la cola, con un escaso 16% de vascos que confían en ella.

A la vista de esto, surge inmediatamente una duda. ¿No será que la Monarquía es ahora mismo un  grave inconveniente para trabajar en pro de un proyecto común de todos los españoles?, ¿no será más fácil reunir a todos en un régimen republicano que bajo la actual Monarquía? Parece evidente la alta correlación entre sentimientos nacionalistas e independentistas y la opción por la República. Quizás llegue un día no tan lejano en el que muchos tengan que elegir entre Monarquía sin Cataluña ( y quizás también sin Euskadi) o una República en la que quepamos todos. Una República que, no lo olvidemos, crece en apoyos entre los más jóvenes en todos los territorios del Estado, no solo en Cataluña y Euskadi.

 

Salud.

 

 

(1) www.publico.es/politica/erc-ganaria-elecciones-catalunya-cs-segundo-y-

(2) www.elcorreo.com/politica/solo-vascos-favor-20190412135413-nt.html

La revelación de las grabaciones a la princesa Corinna sobre las supuestas actividades fraudulentas del rey emérito constituyen sin duda un punto de inflexión en la valoración que realizan los españoles de la monarquía borbónica. Y es que llueve sobre mojado. El prestigio de la institución monárquica  ya había quedado tocado tras descubrirse la vida secreta del rey Juan Carlos, con una supuesta larga lista de amantes y aventuras cinegéticas africanas, ocultada durante largos años a la opinión pública por un pacto no escrito entre los más influyentes medios de comunicación españoles. Un complot necesario para hacer olvidar las raíces evidentemente franquistas de la monarquía.  

La supuesta ejemplaridad de la familia real, inculcada así de manera tramposa a la opinión pública, se diluyó como un azucarillo. La rápida respuesta fue la abdicación del rey Juan Carlos, totalmente impensable sólo unos días antes. Y a rey muerto abdicado, rey puesto. La maquinaria mediática, perfectamente engrasada, se encargó rápidamente de ensalzar la figura del nuevo monarca, aupado al puesto de monarca por un único mérito conocido, ser hijo del anterior.

Sin embargo, algo se había roto definitivamente. Las cifras proporcionadas por el CIS durante los años 2010 a 2015, momento en el que se interrumpieron, revelaban que el prestigio de la monarquía había quedado gravemente dañado. Esa misma interrupción de datos etadísticos era otra maniobra más para proteger a la monarquía de sus propios súbditos, y un claro síntoma de la grave problemática a la que se enfrentaban quienes pretendían revitalizar la imagen perdida de la familia real.

El siguiente mazazo fue el desafío independentista proveniente de Cataluña. Algo trascendental si pensamos que una de las justificaciones más extendidas de la monarquía es su condición de garante de la unidad nacional, una supuesta virtud heredada directamente de sus orígenes franquistas. Pero los acontecimientos catalanes han revelado de manera palmaria que la monarquía es más bien una rémora para la permanencia de Cataluña dentro del estado español. Como recientemente decía Xavier Domènech, President de Catalunya en Comú Podem: “En Catalunya hay un 60% de gente que valora la monarquía con un cero”. Algo fácilmente deducible después de la intervención pública del rey Felipe tomando partido de manera inequívoca por los contrarios a cualquier intento independista y obviando cualquier posible reconciliación entre los dos bandos enfrentados. Evidentemente, este problema se manifestaría también al menos en Euskadi, otra comunidad autónoma tradicionalmente nacionalista y republicana. Y cabría añadir que la valoración viene siendo peor a medida que disminuye la edad de los encuestados, lo cual hará que el problema para los borbones no haga sino aumentar con el tiempo en todo el territorio español.

Finalmente, ha surgido el asunto de las conversaciones de Corinna, otro asunto de enorme impacto para la monarquía. La ya conocida doble vida del rey Juan Carlos que ya tumbaba la supuesta modélica familia que regía el estado se ve aderezada ahora con supuestos comportamientos corruptos que habrían incrementado de manera delictiva el patrimonio de la familia real. Y parece que, nuevamente, las maniobras para intentar ocultar en lo posible toda esta trama siguen a la orden del día. Ya hoy, parece que PP, Ciudadanos  y PSOE van a oponerse a la creación de una comisión de investigación en el congreso para investigar al rey emérito. Solo Podemos, IU y los nacionalistas la apoyan. Y ello tras una declaración a puerta cerrada del director del CNI. Nos niegan cualquier posibilidad de conocer los detalles, nos consideran menores de edad incapaces de llegar a conclusiones propias o, quizás peor, súbditos sin derecho a crítica. Como hemos dicho, nos encontramos con un desierto informativo respecto a encuestas que indiquen el estado actual de la opinión pública respecto de la monarquía. La última conocida era realizada por Ipsos Global Advisor, en la que el 37% de los españoles cree que abolir la monarquía sería lo mejor para el país, el peor resultado entre todas las monarquías europeas. Es de esperar que en la próxima encuesta que se publique, la monarquía caerá en barrena, especialmente entre los más jóvenes y en comunidades como Cataluña o Euskadi. Permanezcan atentos.

 

Salud

Podemos decir que la transición comenzó el 20 de noviembre de 1975, día en el que el dictador Franco falleció tras un prolongado ensañamiento médico y quirúrgico, en un intento de controlar el traspaso de poderes por parte del aparato franquista. Ese día forma parte de mis recuerdos, con la ya imborrable imagen de Carlos Arias Navarro informando, entre sollozos, del fallecimiento de su amado líder (1).

Ese mismo año se acababan de realizar las últimas ejecuciones del franquismo: tres militantes del FRAP y dos militantes de ETA político-militar, fueron fusilados. Ese aparente acto de fortaleza contribuyó en la práctica al desprestigio de la dictadura, pero fue el preludio de que los años venideros no iban a ser fáciles.  Esos años fueron mucho más violentos de lo que algunos quieren recordar, parecía que la naciente libertad estaba permanentemente en riesgo. Yo lo viví intensamente, en un frenesí de asambleas y huelgas estudiantiles, reuniones de vanguardia y comienzos de actividad política. Daba la sensación que, aun desde una posición irrelevante, estábamos haciendo historia, empujando a España hacia la democracia. Hubo muchas personas empeñadas en ello, pero todos tenían un denominador común: eran republicanos y se consideraban herederos de la Segunda República, el régimen democrático derribado por los fascistas para instaurar una dictadura, y su bandera era la tricolor. Y recordemos que en esos momentos la bandera rojigualda, el himno y la monarquía eran franquistas (2). También convendría señalar que, en esa oposición antifranquista, el PSOE era irrelevante, siendo el PCE el que cargaba con casi todo el peso (3).

El 15 de diciembre de 1976 se aprobó en referendo la ley de reforma política, la última de las leyes fundamentales franquistas. El camino quedaba abierto para convocar unas elecciones generales con partidos legalizados, que dieran lugar a unas cortes constituyentes. En realidad, no había aún democracia y muchos partidos eran ilegales, aunque una cosa era evidente: ningún proceso constituyente sería legítimo sin el concurso del PCE, y el 9 de abril de 1977 fue legalizado. Pero no fue gratis, el primer peaje a pagar fue aceptar la monarquía instaurada (no restaurada) por Franco, la bandera y el himno. Algunos piensan aún que estos asuntos se discutieron al redactar la Constitución, pero lo cierto es que fueron una condición sine qua non para iniciar el proceso reformista. Todos los luchadores antifranquistas vieron relegados sus símbolos antifranquistas sin posibilidad de protestar (4).

El 25 de abril de 1977, me dirigía en un autobús urbano de Valladolid y en un ambiente festivo, al primer mitin de Santiago Carrillo en España tras la legalización del PCE. Una alegría ensombrecida por la aceptación de la monarquía y demás símbolos franquistas, que habían caído como una bomba días antes. Aun así, el ambiente era impresionante. Oír cantar la internacional con el puño en alto a todo el público que abarrotaba el polideportivo fue emocionante. Pero cuando Carrillo defendió el uso la bandera rojigualda y retiraron una bandera tricolor, hubo un sonoro abucheo. Aún me sorprende que Carrillo pudiera controlar a los militantes del interior, los que estaban en primera línea en la lucha, no los que vinieron del exilio como él.

El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales. Mi mayor recuerdo es estar pegando carteles aún con el miedo en el cuerpo por los elementos de ultraderecha que campaban a sus anchas. El PCE obtuvo 20 diputados. El trozo mayor del pastel de la izquierda se lo llevó el PSOE y el ganador fue la UCD de Adolfo Suárez, aupado por la propaganda institucional, el temor de los votantes a lo desconocido, y una ley electoral a la medida de la derecha que infravaloraba el voto urbano más progresista y obrero.

Con estos mimbres se tenía que redactar una constitución. Se ha hablado mucho de ello, pero en realidad no había tanto que discutir. Todos estaban de acuerdo en que la única opción era una democracia homologable a las occidentales que permitiera a España entrar en las grandes organizaciones supranacionales donde estaba el negocio: la Comunidad Económica Europea y la OTAN. Permanecer como la única dictadura de la Europa occidental habría sido ruinoso para el país y un grave error para los que lo apoyaran, que tarde o temprano serían defenestrados del poder. Hasta el ejército, formado íntegramente en el franquismo y columna vertebral de la dictadura, sabía que no había otra opción para modernizar un ejército que contaba en ese momento con un armamento anticuado. Ansiaban codearse con los generales norteamericanos, ingleses y franceses que dominaban el mundo.  

Como ya he dicho, la monarquía y los símbolos franquistas (bandera e himno) no estuvieron nunca encima de la mesa (5) y no entraron siquiera en discusión. En una clara reminiscencia de la dictadura, la constitución declaró que el rey es el jefe supremo de las fuerzas armadas y encomendó directamente a la Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial del Estado y del ordenamiento constitucional; ningún cargo político es mencionado para estas tareas fundamentales del estado. El estado se declaró aconfesional pero, en una memorable pirueta lingüistica, se introdujo en la misma frase del texto constitucional que debía colaborar con la iglesia católica (es decir, que en realidad el estado no era aconfesional), lo cual justificaría la inmediata aprobación de los acuerdos con el Estado Vaticano negociados subrepticiamente por las autoridades predemocráticas. Así, la iglesia católica conservaba en la práctica la casi totalidad de los privilegios obtenidos gracias a su colaboración con el franquismo. Tampoco se planteó en ningún momento cambiar la ley electoral que tan buenos resultados le había dado a Suárez. Y tampoco hubo posibilidad de reconocer a España como una unión de pueblos y naciones diversos.  El encargo de la unidad de la patria fue la última voluntad del dictador expresada a su sucesor Juan Carlos y constituía una idea central del franquismo con la que el ejército no habría transigido.  Para encauzar las peticiones de los partidos nacionalistas de los territorios históricos, se pergeñó el concepto de autonomías, actualmente fuertemente cuestionado, tratando de ahuyentar cualquier intento de federalismo (6). 

Así las cosas, ¿qué había conseguido la izquierda en la negociación del texto? Básicamente nada. Todos los avances democráticos ya estaban admitidos antes de empezar siquiera a negociar. Y todo lo negociable se inclinó del bando de la derecha. Difícilmente podía reconocerse en ella ningún luchador antifranquista. Aun así, fue presentada como un modelo de consenso tras una supuestamente dura negociación en la que ambos bandos cedieron.

Desilusionado, yo abandoné pronto la militancia política, aunque nunca mis ideas. Las libertades básicas se recuperaron, pero seguía habiendo miedo en el ambiente. El dictador seguía en su mausoleo (a donde lo envió Juan Carlos porque no quería que lo enterraran en el Escorial, reservado a los reyes) y tuvimos que esperar 40 años para verlo salir de ahí con una parafernalia que no se compadece con lo que debería haber sido la inhumación de un dictador genocida, los luchadores republicanos siguieron mayoritariamente en las cunetas siendo despreciados públicamente por los políticos de PP y Vox, y no se supo de ningún franquista que fuera juzgado por sus crímenes, ni policías torturadores, ni jueces del Tribunal de Orden Público, cuyas sentencias siguen vigentes y nunca han sido anuladas (7). Todo ello gracias a una preconstitucional Ley de amnistía que impide juzgar a nadie por delitos imprescriptibles como el genocidio.

Hasta un día en que el Decano ordenó interrumpir las clases y desalojar la Facultad. Con el recuerdo de tantos avisos de bomba anteriores, tampoco nos sorprendió demasiado. Nos dirigimos a un bar cercano y allí contemplamos atónitos en el televisor las imágenes del Congreso de Diputados asaltado por los guardias civiles de Tejero. Reconozco que me temblaron las piernas, sabía que una involución franquista nos podía hacer la vida muy difícil a muchos españoles que no vivimos la dictadura como un periodo de extraordinaria placidez, entre los que me incluyo. Durante siete interminables horas, no supimos muy bien cuál iba a ser el resultado. No fue hasta la una de la mañana del 24 de febrero que el rey salió en TVE a confirmar que el golpe había fracasado. Su papel durante esas siete horas y antes del golpe están aún en discusión, entre otras cosas porque la maquinaria mediática para acallar todo intento de poner en duda cualquiera de sus actos ya estaba funcionando a pleno rendimiento, y lo hizo durante muchos años. Hasta que dejó de hacerlo. Los negocios turbios y los líos amorosos fueron aflorando poco a poco y ya son de todos conocidos y terminaron forzando su abdicación en un intento de salvar la monarquía.

Pero no se conoce ningún juancarlista que reconociera que se había equivocado y que no volvería a ocurrir. Los panegíricos pasaron sin solución de continuidad a ensalzar la figura del nuevo rey Felipe que tenía como único mérito para ello ser el resultado de la cohabitación marital de sus padres, como está establecido tradicionalmente para la sucesión en esta medieval institución. Corifeos palaciegos y periodistas áulicos se pusieron con fervor a ensalzar de nuevo los valores de la monarquía, ahora encarnados en el nuevo rey que parecía haber pasado por los episodios de corrupción familiar sin detrimento de su honor y honradez, a la manera que el rayo del Sol sale por un cristal sin romperlo ni mancharlo, en las inolvidables palabras del Padre Astete.

Pero la caja de Pandora ya estaba abierta y de ella no paran de salir males y desgracias para la familia real. Hace unos días, nuevos asuntos turbios de los negocios de Juan Carlos  se descubrían en la prensa extranjera, salpicando al actual monarca. Y hasta hace unos días, yo pensaba que la monarquía instaurada por Franco permanecería por muchos años. Pero ahora, perdida de forma efectiva la supuesta ejemplaridad de la familia real, las encuestas señalan fehacientemente que la monarquía tampoco es ya garante de la unidad de España, sino más bien un problema añadido al problema territorial. Es quizás momento de pensar en otro texto constitucional en el que se arreglen muchas deficiencias del actual, empezando por la jefatura del Estado.

Salud

 

(1) Sin embargo, conviene a este relato remontarse a otros episodios de nuestra reciente historia. El primero es la aprobación en 1947 de la ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, en la que ya se determinaba que la forma de gobierno de España era la monarquía, aunque la jefatura del Estado le correspondía a Franco, quien además se reservaba la potestad de nombrar a quien sería el rey que le sucedería como Jefe de Estado . Era evidentemente una decisión personal de Franco, que ejercía el poder absoluto, pero quedaría más claro aún con la decisión tomada.

En 1948, Franco impone a Juan Borbón, hijo del anterior Rey Alfonso XIII, que fuera su hijo Juan (A partir de ahora llamado Juan Carlos, una maniobra para no usurpar el título de Juan III que reivindicaba su padre) quien le sucedería. Ese mismo año, Juan Carlos Borbón era trasladado a España, para asegurar que su formación fuera acorde con la ideología de la dictadura franquista. Finalmente, el nombramiento fue ratificado por las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969, ante las cuales Juan Carlos prestó juramento de guardar y hacer guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional. En su discurso de aceptación dijo, entre otras lindezas: recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.

(2) Recuerdo el día de la inhumación del dictador. Viendo las imágenes e el televisor, en un momento determinado mostraron a los grupúsculos de franquistas que esperaban el paso del ataúd. Agitaban banderas rojigualdas y el sonido ambiente dejó oír el himno. El comentarista, medio sorprendido, dijo: están poniendo la música del himno constitucional. Y yo pensé: no es el constitucional, es el franquista, pero se parecen muchísimo. Tanto que son indistinguibles. Es así como se olvida la historia.

(3) Eran más relevantes algunos grupos maoístas (PTE, ORT) o trotskistas (LCR), que han pasado al olvido, que el propio PSOE.

(4) En ningún momento de la transición se planteó ninguna concesión en cuanto a poner en duda la monarquía y los símbolos del estado franquista. Según se puede leer en la Wikipedia, ya en diciembre de 1975, el rey Juan Carlos pidió a Carrillo que cesaran los ataques a la monarquía. El mensaje era claro, o se avanzaba con monarquía, o no se avanzaba. Y era el propio rey quien ponía la condición de que su cargo era inamovible.

(5) Después nos hemos enterado de que Suárez tenía encuestas que mostraban que la monarquía perdía si se sometía a referendo.

(6) El desarrollo posterior de esta división territorial en comunidades autónomas era crucial para su éxito, pero la desastrosa gestión política posterior (particularmente por la derecha de origen franquista), ha terminado por reavivar el independentismo periférico por un lado y a demonizar las autonomías por parte de la renacida extrema derecha que ha abandonado el nido original del PP.

(7) 10 de los 16 jueces (un 62'5%) que tuvieron una plaza titular en el Tribunal de Orden Público han sido nombrados posteriormente magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.

 

 

 

www.eljueves.es/vinetas/llega-ingreso-minimo-vital_4464?utm_source=twi

El rey Juan Carlos era ya inviolable cuando ascendió al trono el 22 de noviembre de 1975 como sucesor de Franco como jefe de estado de la dictadura. Esa inviolabilidad era en realidad la misma impunidad que disfrutaba el dictador, una condición imprescindible cuando los caprichos tienen el rango de ley, y fue traspasada al rey sin solución de continuidad.

La continuidad de Juan Carlos al frente del estado fue una de las condiciones sine qua non impuestas por el poder político militar franquista para permitir el paso a una democracia de corte occidental. Y la impunidad también persistió con el novedoso nombre de inviolabilidad en el texto constitucional elaborado al efecto. Con la aclaración de no sujeción a responsabilidad alguna por si alguien dudaba del significado de la palabra.

Hay un debate entre juristas sobre si esa inviolabilidad se refiere o no únicamente a los actos derivados del ejercicio de su cargo. El hecho cierto es que hasta hoy ha prevalecido la postura de inviolabilidad para el total de sus acciones. Es decir, el equivalente a la impunidad de la que disfrutaba el dictador y el propio rey al sucederle.

Es por tanto inútil, salvo a efectos de inventario, tratar de investigar las supuestas corrupciones del rey emérito durante el tiempo que disfrutó de su puesto de jefe de estado. Algo que cambió el 19 de junio de 2014 al abdicar en un gesto orientado a la preservación de la institución monárquica tras salir a la luz su estrecha y oculta relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. A partir de ese momento perdió su inviolabilidad y pasó a ser simplemente aforado. El rey podía ser imputado por cualquier delito, en particular por los supuestos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que parece va a investigar el fiscal del Tribunal Supremo, el competente para ello debido al aforamiento del rey.

Aun así, los sectores más conservadores y monárquicos tratan de poner en duda que sea lícito investigar esos supuestos hechos delictivos, pues eso sería equivalente a atacar el sistema democrático español. Como dice Marhuenda: los que atacan al rey son los que quieren acabar con el espíritu de la Transición, la Constitución y la propia España. Para ellos, monarquía y democracia son conceptos inseparables y la Constitución del 78 es un marco incomparable que no puede ser tocado.

Pero la falacia de esa afirmación es evidente. No es España, es la idea de España que defienden y que en las últimas elecciones resultó claramente minoritaria en votos. Lo realmente democrático es investigar los delitos y castigarlos si se llegan a probar. Cualquier otra opción sería la comprobación definitiva de que el actual régimen hunde sus raíces en el régimen dictatorial anterior y no ha sido capaz de desprenderse de los efectos de ese origen.

Naturalmente, esa investigación provoca temblores en la institución monárquica que temen que adquieran la categoría de terremoto al avanzar el tiempo y la investigación. Algo comprensible al analizar las últimas encuestas al respecto que muestran que la monarquía pierde estrepitosamente el favor de catalanes, vascos, gallegos, españoles de izquierda y jóvenes. Algo inasumible en una institución supuestamente garante de la unidad de la nación cuya única justificación es por tanto el consenso a favor de la monarquía entre los ciudadanos (que no súbditos).

Veremos cómo avanza la investigación, pero cualquier cierre en falso debería ser tan demoledor para la monarquía como llegar a la certeza de la comisión de delitos por parte del rey emérito. Y es que el rey actual ha heredado del anterior su cargo y no parece dispuesto a renunciar a él. Algo inasumible si solo tienes a tu favor como mérito la velocidad punta de un espermatozoide.

Salud

 

 

El dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que sólo un auténtico especialista podría reconocer la diferencia.

Woody Allen

La cita anterior me vino a la cabeza esta mañana cuando volvía a casa en el coche escuchando la Cadena Ser que estaba dedicada a narrar la exhumación de Franco. En un momento, conectaron con un periodista que estaba situado junto a los franquistas que esperaban en Mingorrubio la llegada de la familia del dictador entonando cánticos fascistas y dedicándole insultos a Pedro sánchez y su gobierno . El primer comentario del periodista fue (más o menos literalmente): en estos momentos se está escuchando el himno constitucional español, es lo primero  constitucional que se haescucha aquí esta mañana.  ¡Casi me da un soponcio! Me habría encantado llamar al periodista y explicarle que no era el himno constitucional, sino el franquista. Lo que pasa es que son tan iguales, tan iguales, que es imposible distinguirlos para cualquier especialista en himnos. De hecho, es que son iguales.

No se quedó ahí la cosa; al llegar a casa, las imágenes de televisión que ofrecían de este reducido grupo de nostálgicos me revelaron que la mayoría de ellos enarbolaba banderas rojigualdas con el escudo constitucional, no con el franquista que era de esperar. Tampoco me sorprendió mucho, pues a mí me cuesta distinguirlas ( ¡y más aún cuando no hay ningún escudo!).

Conviene tener esto en cuenta cuando nos dicen que, con la exhumación de hoy, se rompe el último eslabón que unía  nuestra democracia con el régimen dictatorial anterior. Pero no nos dicen por qué hemos tardado 44 años en hacer algo que se puede hacer en una sola mañana.

Lo cierto es que la transición, llamada modélica, fue un proceso vigilado por las fuerzas del franquismo que no fueron desalojadas del poder en ningún momento. Las negociaciones entre los representantes del franquismo y los supuestamente representantes de la oposición democrática tenían poco margen de maniobra desde el principio.

En realidad, la transformación en una democracia parlamentaria homologable en Europa no estuvo nunca en cuestión. Tan ansiosos estaban por llegar a ella unos, que habían medrado en la dictadura, como los otros, que habían luchado contra ella (unos más que otros). Lo contrario habría supuesto una parálisis económica del país y la pérdida de suculentos negocios inalcanzables para un régimen dictatorial.  Y los que habían prosperado durante la dictadura pretendían seguir en primera línea cuando llegaran las nuevas y suculentas oportunidades que se atisbaban. Incluso en el ejército, absolutamente franquista, una gran parte de sus jefes suspiraban por entrar en la OTAN, condición sine qua non para modernizar el obsoleto material bélico del que disponían y codearse con los mandos de los ejércitos realmente poderosos del mundo occidental.

Los únicos asuntos que se podrían haber discutido son los relativos a recuperar el espíritu de la tercera república, el régimen legítimo y democrático arrasado por Franco mediante una cruel guerra civil. Y ahí la victoria del aparato franquista que negoció la transición en el poder fue total. Hay que entender que había un riesgo real de que el sector más rancio del ejército se sublevara y diera al traste con todo. Elgolpe del 23F de 1981 fue buena prueba de ello.

Es así como los dos pilares del franquismo: la monarquía instaurada por Franco y los privilegios de la iglesia católica, fueron grabados en la constitución de manera inequívoca. La posibilidad de un referendo para decidir entre monarquía y república fue descartada, máxime teniendo en cuenta que los sondeos presagiaban una derrota de la opción monárquica. Y los privilegios del concordato franquista se renovaron casi por completo en los acuerdos preconstitucionales con el estado vaticano, un cambio de nombre gatopardista para dejarlo todo igual que antes.

Y no solo eso. Como dijimos al principio, los símbolos del estado franquista ( himno y bandera) no estuvieron nunca en discusión, las sentencia de tribunales de la dictadura nunca han sido anuladas, los torturadores de la policía nunca fueron juzgados por sus crímenes contra la humanidad, los nombres de  calles dedicadas a honrar criminales fascistas han permanecido inalteradas hasta hace poco ( y muchas permanecen aún), más de 100.000 víctimas de franquismo siguen entradas en cunetas, etc…

Sin duda hay que alegrarse de la exhumación del dictador al cabo de ¡44! Años de su entierro en el mausoleo de Cuelgamuros, pero incluso este día histórico queda empañado por la soberbia de la familia de Franco que han echado un pulso al estado hasta el último momento. Hasta pudieron convertir en un acto solemne  el traslado del féretro, recubierto con una autoconcedida Laureada de San Fernando por ¡el triunfo de sus tropas en la guerra civil!

Y ahora sigue allí enterado José Antonio Primo de Rivera, máximo representante del fascismo español; y los cadáveres de combatientes republicanos, llevados allí contra la voluntad de las familias; y la congregación de frailes benedictinos fascistas. Y la cruz, erigida del tamaño adecuado para ser visible desde lejos e infundir pavor entre quienes la contemplaran.

Esta tarde volvía a escuchar la Ser en la radio. Ángels Barceló le preguntaba a Miguel Ángel Aguilar la razón de que se hubiera tardado tanto tiempo en desenterrar a Franco. La respuesta de este conocido defensor acérrimo de la transición española, la constitución del 78 y de la monarquía instaurada por Franco, fue que se ha hecho lo mejor que se ha podido. Pues se ha podido mal y tarde, y aún queda mucho por hacer.

Salud

 

Parece que el culebrón de la exhumación de Franco toca a su fin. Algunos opinan que el Tribunal Supremo ha puesto punto final al franquismo con la sentencia sobre la exhumación del cadáver del dictador. Es una forma de reconocer que el franquismo seguía de alguna manera vivo durante los cuarenta y cuatro últimos años, al contrario de los que nos venían contando.

Pero el cadáver de Franco, inhumado en un mausoleo concebido para rendir honor a los caídos en la gloriosa cruzada y exaltar la subsiguiente dictadura nacionalcatólica, no es el único rastro franquista que persiste aún. Es curioso comprobar como muchos de los que han peleado hasta el final por evitar la inhumación han sido financiados en muchos casos con dinero público, como la Fundación Francisco Franco, o los propios monjes del Valle de los Caídos. Los nietos de Franco ya se financiaron con el producto de la rapiña del abuelo.

El último paladín de la batalla judicial contra la exhumación ha sido el prior de la comunidad benedictina. No es de extrañar esta actitud si conocemos su pasado falangista, pero es que tampoco esto es una casualidad pues el propósito inicial de la abadía era rendir honor y enterrar a aquellos que cayeron luchando en su "gloriosa cruzada".  Todo el mausoleo, incluida la inmensa cruz pensada para infundir pavor a los que la vean desde lejos, y la comunidad religiosa que lo dirige, rezuman franquismo.

La razón de que el Prior haya quedado como postrero defensor de la permanencia del cadáver del dictador inhumado en la abadía de Cuelgamuros es sencilla, tiene a su disposición una singular arma judicial: los acuerdos de 1979 del estado español con el estado vaticano.

Recordemos que estos acuerdos fueron negociados a escondidas por las autoridades preconstitucionales emanadas directamente del anterior régimen fascista. No había pasado aún un mes de la aprobación de la constitución en referendo, cuando ya fueron firmados, prueba evidente de su génesis preconstitucional. La constitución fueademás convenientemente redactada para que, en un estado supuestamente independiente de las confesiones religiosas, fuese compatible con una perpetuación de  los privilegios franquistas de la iglesia católica plasmados en esos acuerdos. Una contradicción tan evidente que proocaría la risa si no fuera por la gravedad del problema.

Y esa era la única intención, perpetuar el anterior concordato firmado en 1953 por la dictadura, que obtuvo con él su primer reconocimiento internacional, iniciando así la salida del aislamiento internacional al que estaba sometido tras su anterior alianza con los regímenes nacionalsocialista alemán y fascista italiano durante la segunda guerra mundial.

Resulta casi ridículo que el primer tratado internacional firmado por el régimen franquista fuese con un miniestado teocrático, regido por una monarquía absoluta y prácticamente sin territorio ni población. Y a pesar de las evidentes ventajas obtenidas para la imposición forzosa de la religión católica en España, el propio estado vaticano mantuvo fuertes reticencias iniciales pues aún estaba reciente el desprestigio originado por sus recientes concordatos con Mussolini (Pactos de Letrán, que supusieron la nueva creación del estado vaticano independiente) y con Hitler (Reichskonkordat). Es entonces al menos sonrojante que, ante cualquier protesta que pretenda evidenciar el atropello originado por los privilegios de la iglesia, sea aducido actualmente el rango de tratado internacional de unos acuerdos preconstitucionales que sirvieron para actualizar ese concordato franquista, no para derogarlo.

Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Podríamos hablar largo y tendido sobre la proliferación de adoctrinamientos religiosos en la enseñanza amparados en la obligatoriedad de incluir la oferta de catequesis católica en la enseñanza (ya llega el islam, y el crecimiento es imparable), pero nos ocupa ahora el apartado artículo I.5 que  expresa que los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. Esta redacción viene a sustituir a la protección contra la intrusión policial sobre propiedades de la iglesia que se incluía en el concordato de 1953. Este artículo es el aducido por el prior del Valle de los Caídos para oponerse a la exhumación del dictador pues la tumba se encuentra en sitio sagrado. Parece que no le falta razón pues, si bien el Tribunal Supremo y el gobierno opinan que esa inviolabilidad no puede ir contra el cumplimento de las leyes, es evidente que el artículo se redactó para que supusiera algún tipo de protección especial frente a la autoridad judicial y policial. Si admitimos la versión del gobierno, resulta que ese artículo es completamente insustancial. De hecho, los propios acuerdos son un tratado internacional que puede entonces ser visto como de rango superior a cualquier ley nacional.

¿Por qué entonces la iglesia católica no hace piña con el prior para oponerse a la exhumación y defender el actual concordato? Pues porque para ellos sería peor el remedio que la enfermedad. Alinearse con los residuos franquistas de la iglesia española supondría un retroceso de su imagen inasumible actualmente, a pesar de que ello forma parte de su historia reciente. Y evidenciaría el lastre que supone ese concordato para un estado supuestamente aconfesional. Descartada esa postura, solo quedaría que un superior jerárquico del prior le ordenase permitir la exhumación. Pero el destino ha querido que la intrincada estructura eclesial, forjada a lo largo de 2000 años, sitúe al prior fuera de la autoridad de cualquier obispo español. El superior en la orden benedictina es el abad de Solesmes (Francia), líder de los monjes benedictinos, pero ha preferido ponerse de perfil declarando que es un asunto interno español. Naturalmente, si la exhumación de un dictador genocida fascista español dependiese de un abad francés, el ridículo del estado español sería histórico y cabría pensar que los acuerdos con el Vaticano tendrían los días contados. La otra opción es el propio Papa, pero sería aún peor. Las conversaciones del gobierno español con la jerarquía vaticana han ido encaminadas a que se conmine de forma discreta al prior a cesar toda resistencia, pero ni a unos ni a otros les interesa una orden directa y pública del Papa en ese sentido. La tensión salió a relucir al abandonar su cargo por jubilación el anterior nuncio del Vaticano en España; se debió sentir liberado y, en un ataque de sinceridad denunció que el gobierno ¡estaba resucitando a Franco!.

Se echan ya de menos las recientes inclusiones en el programa del PSOE de exigir la derogación del concordato, denunciando su incompatibilidad con el carácter aconfesional del estado. No queda ya ni rastro en el programa actual.

Bien vale recordar finalmente que el entierro de Franco en el Valle de los Caídos fue una decisión personal del rey emérito. Puesto que es evidente que llegó a ostentar la corona gracias a una elección personal de Franco, no es descartable que tomara esa decisión para rendir un postrer homenaje a su valedor; es sabido que no consentía que nadie hablara mal de Franco en su presencia. También cabe la posibilidad de que no tuviera otra elección pues las autoridades franquistas no hubieran consentido un entierro menos grandioso.  Lo cierto es que la monarquía restaurada por Franco es otro de los pilares del franquismo que se incrustó sin alternativa posible en la constitución del 78. Y cuarenta y cuatro años después queda claro que no es una buena idea meter la basura debajo de la alfombra. Aunque no se vea, termina apestando, incluso cuando la alfombra es en realidad una losa de mil quinientos kilos.

 

Salud

El tiempo juega en contra de la monarquía española. Cada vez es más reconocido que es una de las condiciones de las fuerzas franquistas en el poder que la naciente democracia tuvo que asumir durante la supuestamente modélica transición del 78. No me alargaré en ello pues ya lo he escrito en anteriores artículos, pero como para muestra vale un botón, basta escuchar (solo 8 minutos) al recientemente fallecido Julio Anguita:

www.youtube.com/watch?v=XgYQkPepWfc

Espero que vean el vídeo al menos algunos de los que se han puesto en primera línea para aplaudir su coherencia política pero que no se molestaron nunca en escuchar lo que decía.

Y también es interesante oír a Adolfo Suárez reconocer que sus convicciones democráticas se agotaban fácilmente cuando los sondeos le indicaban que la monarquía perdía un referendo.

www.lasexta.com/programas/sexta-columna/noticias/asi-confeso-adolfo-su

Convicciones democráticas que también brillaron por su ausencia en los medios de comunicación de este país que protegieron con su silencio al anterior rey para afianzar la credibilidad de la monarquía y revertir así la opinión contraria del pueblo español.

Lo cierto es que la jugada no le salió bien a la clase política detentadora del poder y, en los últimos años, todos los sondeos indican que la monarquía es reprobada por la mayoría de los españoles, casi todos los catalanes, vascos y gallegos, y por la mayor parte de los españoles que se sienten de izquierdas. Quedan entonces inutilizadas la supuesta idoneidad de la monarquía como garante de estabilidad y de unidad de España.

Todo lo anterior no significa que España no sea una auténtica democracia ni que sea un estado franquista, pero sí que posee abundantes rastros del régimen franquista anterior que fueron condiciones sine qua non impuestas para permitir la transición a un nuevo régimen democrático homologable a los de los países occidentales.

Perdida la batalla de las ideas, los partidarios de la monarquía pasan al ataque tratando de descalificar a los republicanos. Hay varias muestras de ello, pero me quiero ocupar ahora de algunas que no han recibido mucha atención. La primera son unas aún recientes declaraciones de Felipe González, uno de los muñidores del asunto de la transición, En las que opinaba lo siguiente: Prefiero una monarquía republicana como la que tenemos a una republiqueta. La primera parte de la frase es ya ridícula por ser un evidente oxímoron y es del mismo nivel que todos esos personajes públicos que se declaraban juancarlistas porque en el fondo les avergonzaba decir que eran monárquicos (no conozco ninguno que hay pedido perdón), pero la segunda parte es incluso ofensiva. Supongo que Felipe González dice que la alternativa es una republiqueta porque piensa en su propia incapacidad para evitar las imposiciones del franquismo en la Constitución del 78 (si es que realmente intentó evitarlas alguna vez). Denota una vergonzosa falta de fe en la capacidad del pueblo español para dotarse de instituciones democráticas sin una vigilancia de oscuros poderes fácticos.

www.lavanguardia.com/politica/20200213/473519960340/felipe-gonzalez-mo

Pero aún queda una última estrategia, meter miedo. En unas reciente declaraciones a ABC (periódico de conocida pasión al defender la monarquía), el economista Ramón Tamames ( que supo transitar sin aparentes problemas ideológicos desde el Partido Comunista hasta el CDS de Adolfo Suárez) se descuelga con esta frase que para el periódico merece titular el artículo: La República sería el origen de plantear otra guerra civil. Es decir, hace 45 años el principal argumento para tragar con las imposiciones franquistas era el miedo a un golpe de estado de los que estaban en el poder durante la dictadura y, 45 años después, ¡lo siguen utilizando!  ¿Están entonces diciendo que la nuestra no es una auténtica democracia? ¿Piensan que no es posible proclamar una república sin que los sectores más tradicionalistas vuelvan a derrocarla con una guerra civil si fuera necesario? Si fuera así, esta sería una democracia de pacotilla, un régimen vigilado en el que el pueblo no es realmente dueño de su soberanía.

www.abc.es/espana/abci-republica-seria-origen-plantear-otra-guerra-civ

Y la estrategia del miedo no acaba ahí. Las concentraciones antigubernamentales que se han desarrollado en los últimos días, en contra de los mínimos principios de precaución sanitaria han dado lugar a enfrentamientos entre esos manifestantes y personas contrarias a esas manifestaciones. El propio periódico monárquico ABC, entre otros diarios de similar ideología, se ha encargado de propagar un incidente en el que algunos jóvenes contrarios a los manifestantes gritan muerte al rey. La idea parece clara, tratar de violentos a todos los que se oponen a la monarquía.

Vano intento. Desde aquí quiero decir que los republicanos lo son precisamente por sus profundas convicciones democráticas y, precisamente por ello, son abrumadoramente contrarios a la violencia. Ninguna algarada callejera y violenta entre escasos manifestantes nos puede representar. Nosotros no queremos matar ni al rey ni a nadie, solo queremos derrocarlo democráticamente y que pase a ser un ciudadano más. Solo queremos denunciar el incierto origen de esta institución y que nuestro jefe de estado dependa de la elección del pueblo, no de la velocidad punta de un espermatozoide.

La República llegará más pronto que tarde y será de forma pacífica y democrática. Nadie en su sano juicio puede pensar que eso nos abocaría a una nueva guerra civil. Y esta vez el pueblo determinará a través de sus representantes elegidos democráticamente cómo deben ser las nuevas instituciones sin insalvables imposiciones a priori.

 

Salud

Los que tenemos ya cierta edad recordamos que Franco era caudillo de España por la gracia de dios. Lo comprobábamos todos los días en las inscripciones de las monedas de las antiguas pesetas. Era un privilegio concedido por la iglesia católica por ganar la cruzada contra los rojos ateos de la segunda república. Y bien devuelto por Franco a la iglesia en forma de privilegios que aún ahora persisten.

Juan Carlos Borbón, a su vez, llegó a rey por la gracia de Franco. Por la propiedad transitiva, deducimos que ocupó también ese puesto por derecho divino. Y esta es la única justificación para que, en una democracia parlamentaria del siglo XXI, una persona ocupe la jefatura del estado con una protección en el texto constitucional calificada de inviolabilidad, pero que en la práctica se revela equivalente a la impunidad total por los actos propios de su cargo y también por toda clase de delitos cometidos, si los hubiere.

Esa impunidad total es incomprensible en una democracia en la que los poderes del estado emanan supuestamente del pueblo soberano. Una persona que se sitúa más allá de toda responsabilidad jurídica es precisamente un concepto antagónico al de democracia y al de igualdad entre los ciudadanos de un país.

Pero la explicación de esta impunidad es sencilla. Proviene directamente de la impunidad del dictador fascista Franco, conseguida por la fuerza de las armas tras arrasar España con una cruenta guerra para derrocar un régimen republicano legítimo. Fue Franco quien designó a Juan Carlos, en una decisión antidemocrática por excelencia, como su sucesor en la jefatura del estado. Y el pueblo español no ha tenido nunca la oportunidad de revocar esa decisión. Juan Carlos siguió siendo rey tras ser aprobada la constitución de 1978, y lo habría seguido siendo si no se hubiera aprobado.

Todo estaba pues atado y bien atado. Solamente una sucesión de escándalos que rompiera la supuesta ejemplaridad de la monarquía podía conseguir desbancar a Juan Carlos de la jefatura del estado, y eso fue lo que ocurrió precisamente a pesar del escudo mediático levantado alrededor de la familia real durante muchos años. En una democracia realmente consolidada, la institución monárquica habría sido puesta en cuestión y sometida a la voluntad del pueblo mediante un referendo, pero en nuestro caso se improvisó rápidamente la abdicación del ya controvertido rey y se proclamó como nuevo rey a su hijo. Algunos piensan que con ello se acababan todas las dudas sobre la idoneidad de la monarquía. El nuevo rey aparecía libre de todas las cargas del padre e inauguraba una nueva etapa de ejemplaridad que justificaba de nuevo la inviolabilidad que le otorga la carta magna.

Pero el único mérito para designar al nuevo rey es su condición de hijo del anterior. Cualquier otra cualidad que se pudiera aducir para ocupar ese cargo, si es que realmente hay alguna, es innecesaria e irrelevante. Y aplicando de nuevo la ley de la transitividad, el monarca actual ocupa su puesto por una decisión de Franco. No ha habido ningún momento de la historia en el que el pueblo supuestamente soberano haya podido decidir lo contrario. Algo huele a podrido, y no es en Dinamarca.

Salud

Se estaría cumpliendo el pronóstico de Orwell: “Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado”

En un periódico de izquierdas:

La escenografía de una Monarquía moderna, cercana y con futuro (1)

En un periódico de derechas:

Una escenografía para un mensaje: una Monarquía moderna y de su tiempo (2)

Basado en hechos reales, son incluso titulares auténticos. Cualquier coincidencia es intencionada y orientada a manipular sus preferencias en este tema.

(1) elpais.com/espana/2021-12-24/la-escenografia-de-una-monarquia-moderna-

(2) www.larazon.es/espana/20211224/vthtdq2x7fcctflo7oqwncn7ji.html

Lo peor del discurso es que dijo lo mismo que el padre durante treinta años, aunque lógicamente con más brío que en los últimos. Es decir, lugares comunes, sin un soplo de imaginación o novedad, sin una creencia en que su figura pueda tener influencia.