Se refiere, por ejemplo, al promotor del fatídico evento, el empresario Miguel Ángel Flores, que vendió el doble de entradas del aforo máximo de permitido (ya las había empezado a comercializar antes incluso de firmar el contrato) o al doctor Simón Viñals –entonces octogenario–, y al que tiene más inquina ya que fue él quien atendió a Cristina en la rudimentaria enfermería montada y no hizo mucho (no lo que marcan los protocolos) por salvar su vida, según explicarían varios sanitarios profesionales en el posterior juicio que se celebró en enero
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Simón Viñals, el médico contratado por Miguel Ángel Flores para la fiesta del Madrid Arena, en la que cinco jóvenes perdieron la vida la noche de Halloween, no podía ejercer la actividad médica desde 2005, año en el que solicitó ser colegiado honorífico en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Da la casualidad de que Carlos Viñals, el hijo, es el director de Proyectos y Programas del Área de Seguridad del Ayuntamiento. Y da la causalidad de que, en la misma tacada, el equipo del doctor Viñals contratado por la empresa Diviertt recomienda a su vez la contratación de dos ambulancias por 840 euros “a pagar in situ, en metálico”. Y da la casualidad de que pertenecen a una empresa de Miguel Viñals, hijo de Simón y hermano de Carlos.
Y da la casualidad de que el padre fue anteriormente consejero de la empresa municipal Madrid Espacios y Congreso, amén de concejal de Sanidad y Consumo. Un hombre fuerte del equipo del entonces alcalde, Álvarez del Manzano, y presidente del servicio público funerario cuando se produjo su escandalosa privatización. Junto a los hermanos Valdivia, uno de los compradores fue José Ignacio Rodrigo, asesor municipal hasta unos meses antes. Pelotazo al canto: quedarse por sesenta céntimos de euro con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid en una operación que pasó a los anales judiciales bajo el nombre de caso Funeraria.
Y ahora busca el caso Funeraria y ya acabas de flipar.
Salidas de emergencias bloqueadas y sin ventilación ni agua en la fiesta de menores de Halloween en Sevilla
La Policía Local de Sevilla ha abierto diligencias contra el responsable de la fiesta de menores que tuvo que ser desalojada al incumplir numerosas medidas de seguridad. "Ha sido un caso de gravísima irresponsabilidad", manifiesta el delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana de la capital hispalense
www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/salidas-emergencias-bloqueadas-si
Sólo le han clausurado el local y una sanción.
La muerte es lo único que iguala a todos los humanos.
Te habría gustado más al revés verdad?
Pues eso.
Y en gran parte del territorio español pasa parecido. Por eso, sorprendentemente tenemos a esta gentuza parasitaria saqueando y desgobernando por doquier. Los extranjeros alucinan y se piensan que somos retrasados o algo peor...
Lo de Corea sucedió en un punto de aglomeración puntual en la vía pública, sin ser un evento organizado, y donde era muy difícil prever algo así...
Sin conocer para nada la cultura Coreana, supongo que las reclamaciones de la policía por medios insuficientes serían para controlar otro tipo de sucesos relacionados con la afluencia de gente relacionados con criminalidad, consumo de alcohol, etc. Está por ver si alguien pensó en algún tipo de control de aforo en la vía pública.
Es cierto que es evitable, como todo accidente... pero en este caso parece difícil de prever algo así.
No recuerdo bien las frases, pero sonaban como: "si hubiesen estado rezando el rosario en lugar de haber ido a mezclarse con jóvenes poco practicantes a celebrar una fiesta pagana, no les hubiese pasado nada...".
Otra triste casualidad fue que algunas de las chicas muertas en la avalancha (y otras por falta de asistencia, posterior... como la que se menciona en este artículo), eran hijas de familias del Opus Dei... y en este caso la "ley del silencio" que suele ser habitual entre estas familias ultracatólicas, no funcionó! y los padres denunciaron a los responsables de Madrid Arena y del Ayuntamiento.
* Es hijo de Eduardo Torres-Dulce y Ruíz, que fue magistrado del Tribunal Supremo y sobrino de Antonio Torres-Dulce y Ruíz, fue presidente del Tribunal de Orden Público durante la dictadura.
Siendo fiscal del Tribunal Constitucional —especializado en temas laborales—, fue salpicado por un escándalo cuando ejercía como presidente del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol. La polémica se desató cuando, en una polémica decisión, levantó la suspensión de un partido —impuesta en primera instancia por el Comité de Competición— al jugador Hugo Sánchez del Real Madrid. Su pasado como socio madridista desde los trece años y las duras críticas recibidas le obligaron a presentar su dimisión irrevocable el 26 de febrero de 1988.