Amnistía Internacional ha propuesto a instituciones y partidos políticos que acuerden "una agenda común de derechos humanos" para el País Vasco, que, primero, sea "asumida y compartida" en el ámbito de Euskadi, y que después lo sea por el Gobierno central. Esa agenda debe "garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados"
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