La aceptación por parte del Gobierno de esta figura es tanto como dar la razón a los independentistas cuando cuestionan las instituciones españolas y su grado de democracia. La democracia debe defenderse, precisamente desde estas instituciones y a la propaganda independentista se la debe rebatir con argumentos, argumentos que desde el Gobierno solo pueden tener un fin, la defensa de la credibilidad de las instituciones.
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