El Gobierno autonómico retoma los contactos, cuya paralización durante la etapa PP-Par denunció IU, para obtener los expedientes de Maci Albayda, una asociación privada que buscaba padres adoptivos para niños desamparados y para jóvenes sin recursos que daban a luz en una clínica privada, y cuya entrega Cáritas negó a un juzgado.
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