El gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley de blanqueo de capitales (llamado "sinceramiento fiscal") y pago de sentencias judiciales a jubilados. Uno de los artículos de la iniciativa oficial es preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión y en particular de la garantía constitucional de la libertad de prensa, dado que prevé la penalización de la divulgación de información que podría afectar el interés público.
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