Consideran que la libertad de expresión es un derecho fundamental y, por ende, sus limitaciones deben ser restrictivas, más aún cuando tienen trascendencia penal, "pero eso no puede justificar que se abuse de este derecho fundamental para atentar contra otros bienes jurídicos que son merecedores de protección penal". "La ponderación y proporcionalidad entre el libre ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la convivencia es lo que debería primar en cualquier nueva regulación de este derecho."
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