La resolución de la AVC concluye que ha existido "una práctica concertada que ha tenido el efecto de uniformizar y, por tanto, elevar el precio de la clase práctica para el permiso clase B en el mercado de autoescuelas en la capital vizcaína. La Autoridad Vasca de la Competencia ordena que cesen las prácticas que han motivado la sanción y exige a la Dirección de Investigación que vigile el cumplimiento de la misma.
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