Cristina Cifuentes llegó a la comisión de investigación la intención de demostrar la “limpieza” de las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, y con el convencimiento de que se trataba de un “linchamiento” por parte de Podemos y Ciudadanos, más que un intento de llegar a conclusiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo desde el comienzo que cometió el “error de dar por buenos” y “no valorar” los informes técnicos de las contrataciones
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