La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el pasado jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel. La consideración abarca a 570.000 funcionarios docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud.
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