"Es un caso grave de violación de un derecho fundamental –asegura Jaume Durà, responsable del equipo jurídico de CEAR-PV– ya que el acceso a la solicitud de asilo está garantizada legalmente". Carla Ponsoda, abogada de K.S. apunta que esta actitud supone "una clara violación de la Ley de Asilo 12/2009 que estipula que no se puede negar el acceso al derecho a solicitar asilo, además de diversas directivas europeas y la Convención de Ginebra de 1959".
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