Lo que muchos se temían acerca de las dificultades que la Manuela Carmena se iba a encontrar para paralizar algunas de las operaciones urbanísticas que se están llevando a cabo o están a punto de iniciarse, empiezan a resultar evidentes. Y una razón de peso subyace detrás de este obligado cambio de parecer. Las cuantiosas indemnizaciones económicas que el Ayuntamiento de Madrid debería estar dispuesto a desembolsar caso de que, tras los litigios para resolver contratos o concesiones, los tribunales dieran la razón a los recurrentes.
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