El Gobierno abre la puerta a una de las reivindicaciones históricas de la izquierda, la creación de una eléctrica pública, pero tardará décadas. A lo largo de las próximas décadas irá finalizando la concesión de explotación de las centrales hidroeléctricas que se concedió a las compañías eléctricas a principios del siglo XX. A partir de ahí, pasarán a formar parte del Estado aunque el debate sobre su futuro está en el aire.
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