Los últimos datos de recaudación de la Agencia Tributaria han permitido actualizar la foto fija de los impuestos que pagan las empresas en España. Lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF): su presidente, José Luis Escrivá, publicaba ayer en redes el gráfico que muestra cómo el actual Impuesto de Sociedades recauda menos que en 1999 cuando los resultados contables positivos de las empresas son más del doble que aquel año.
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En este proceso ha sido esencial la internacionalización de la actividad de la actividad de las empresas españolas y la exención de sus beneficios obtenidos fuera.
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Pues eso. Las empresas no pagan en España por los beneficios obtenidos en el extranjero. Pagan, como es lógico, en el extranjero.
No tributan aquí por los beneficios obtenidos en el extranjero para evitar la doble imposición. Los tratados internacionales que evitan la doble imposición están reconocidos en nuestra Constitución.
Lo que te están diciendo es que nuestras empresas han crecido en el exterior. Los beneficios en España siguen bajos.
Cuánto pagan?
" La brecha entre la base imponible y la cifra que se acaba gravando a las empresas está en el centro del actual debate sobre cómo reformar el Impuesto de Sociedades.
La clave reside en las desgravaciones y deducciones que las compañías aplican a sus cuentas para reducir la cantidad que tributa.
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Fuera pagan lo que les exigen pagar. Ahí nosotros no pinchamos ni cortamos. ¿Tenemos derecho a exigir dinero a Santander por los beneficios que obtenga en Brasil? Pues no. Es el gobierno de Brasil el que determina lo que debe pagar el Santander.
Tampoco hace falta ser un experto en derecho tributario para darse cuenta de que España no es ninguna panacea donde se obtienen pingües beneficios y no se paga por ellos. Si así fuera, miles de empresas querrían instalarse en España e invertir aquí. No es el caso.
No es el caso.
Pero oye, que puedes creer lo que quieras. Con las creencias no me meto.
Ah, que va a ser que no... ya me cayo.
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No siempre el juego de la competencia es de suma cero, en el que lo que ganan unos países lo pierden otros; en este caso, la probabilidad de que la suma tenga un resultado negativo es muy grande. Todos acabarán perdiendo; también las empresas de los países que se adelanten y obtengan beneficios extraordinarios coyunturales, hasta que se generalice la reducción de impuestos y se igualen a la baja. Solo la cooperación internacional permitiría resultados de suma positiva para todos los países cooperantes.
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Las razones y prioridades cambian, pero el principio de rebaja de los costes fiscales de las empresas está sólidamente anclado en el pensamiento de la derecha y de buena parte de los economistas. Éste es, más o menos, el núcleo de su justificación ideológica: lo que es útil para las empresas viene bien a la actividad económica y acaba trasladándose al conjunto de la sociedad; primero, en forma de inversión productiva y empleos; después, con un pequeño retraso, hasta que se absorbe el exceso de desempleo, de incrementos salariales. Da igual que los responsables de las políticas de desregulación del mercado laboral llevadas a cabo no contemplen dar ni un paso atrás, porque son conscientes de que la desregulación lograda supone una herramienta clave para dificultar la recuperación de los salarios, especialmente en las actividades de servicios poco sofisticados que no están expuestos a la competencia externa y en los que la presencia sindical o la negociación colectiva se han deteriorado o están en trance de de desaparecer.
Esa futura recuperación de los salarios es, en realidad, una de tantas promesas inocuas para un futuro indeterminado. Nunca se recuperarán los salarios si no es por la acción política y sindical de la mayoría social. Las reformas laborales se han llevado a cabo con el ánimo evidente de reducir los costes laborales de forma permanente y debilitar la negociación colectiva y la presencia y la acción sindical. Recuperar empleos y salarios decentes requiere desmontar las últimas reformas laborales.
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La
"justificación de la reducción de la presión fiscal sobre las empresas es tan simplista como falaz. En una situación económica en la que hay motivos de peso que explican la reducción del crecimiento potencial a una tasa media anual del 1,5% en los países de la OCDE (aproximadamente la mitad de los niveles medios acreditados antes del estallido de la crisis), reducir los tipos impositivos del impuesto de sociedades (o las… » ver todo el comentario