El Estado deberá consultar a los operadores ferroviarios privados antes de decidir cerrar una línea de tren que no resulte rentable económica y socialmente, medida que deberá autorizar el Consejo de Ministros a instancias del Ministerio de Fomento y previa solicitud motivada del administrador de la infraestructura. Así constará en la Ley del Sector Ferroviario gracias a una de la veintena de enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso y a las que ha tenido acceso Europa Press.
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