La empresa incumple con el cambio de precios el contrato de permanencia firmado con sus clientes. Este incremento de precios es ilegal si no ha sido notificado con un mes de antelación a los clientes. Los afectados pueden pedir apertura de un expediente sancionador a la compañía, interponer a título personal una demanda o acudir a la Junta Arbitral de Consumo.
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