Medio Ambiente calificó en abril de 2015 como "<desproporcionadas" las exigencias para autorizar la infraestructura en 2001: "El cumplimiento es innecesario". El Ejecutivo abrió la vía para revisar estas obligaciones al modificar la ley de Evaluación Ambiental en 2013; Bruselas ha cerrado ahora el caso contra España por el aeropuerto.
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