Cerca de 50 colectivos avisan de que la elección de la jueza como representante española contra la violencia de género ante el Consejo de Europa no ha sido transparente. Denuncian que España incumple el Convenio de Estambul, firmado por el país en 2011 y ratificado tres años más tarde. Las organizaciones se enteraron de que Gallego era la elegida "gracias a compañeras europeas" y una vez pasado el plazo de presentación de candidaturas.
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