El Ministerio español de Interior ha informado de que agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 expresos condenados a pagar unas indemnizaciones que superarían los ocho millones de euros.
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