La jueza recoge la jurisprudencia al respecto emanada del Tribunal Supremo, con base en la ley de vivienda de 1968 que, si bien en la actualidad fue derogada, se encontraba vigente en el momento en que se produjeron los hechos que motivaron el pleito, destaca el despacho de Pérez Lema. En este sentido, aсade que el Supremo ha interpretado reiteradamente que no pueden caer sobre el comprador ni las consecuencias del incumplimiento por parte de la promotora de sus obligaciones, ni las derivadas del incumplimiento por parte de entidades bancarias.
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