La sentencia impone una condena de dos años de cárcel y multa de 9.000 euros a la dueña de la finca por un delito contra la ordenación del territorio, pero rechaza aplicarle el agravante específico para los espacios naturales protegidos, en el que la Fiscalía basaba su petición de cinco años de prisión. En base a la normativa municipal, esa zona es suelo no urbanizable protegido al formar parte de, por ejemplo, una Zona Especial de Protección para las Aves, pero el decreto de la Comunidad de Madrid que en 2010 incluyó esta zona en la Red Natura
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