Entre los extranjeros liberados se encontraban familias con menores, un bebé de pocos meses y una mujer embarazada. Los trasteros, de una superficie de unos nueve metros cuadrados y sin ninguna ventilación, eran empleados como viviendas compartidas por tres o cuatro personas que pagaban de alquiler unos 250 euros al mes sin ningún tipo de contrato.
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