En abril de 2016 el actual presidente de este cuerpo se convirtió en portavoz de una de esas decisiones ejecutivas casi desapercibida: la publicación de un registro de centros, laboratorios e instituciones, digamos «problemáticos», adscritos al CSIC. Una lista negra que, con el lenguaje eufemístico habitual, aparece bajo la denominación de «índice de litigiosidad». Un detalle llamativo: los «campeones» son también los centros de investigación más punteros, los que consiguen que exista algo que se pueda llamar ciencia «hecha en España».
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