De haber reconocido la joven que había sido grabada, sorprende que esta circunstancia no se recogiera en la denuncia, ya que grabar sin consentimiento constituye un delito contra la intimidad. De hecho, este es uno de los tres delitos que la Fiscalía imputa a los cinco acusados junto a los de agresión sexual continuada y robo con intimidación, por los que pide 22 años y 10 meses de prisión para cada uno.
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