El presidente del tribunal que debe juzgar el procés evita pronunciarse sobre cuándo estará lista la sentencia, y defiende un cambio legislativo en lo que respecta a la financiación ilegal de formaciones políticas: “No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable” y “subsanable con la condena de los responsables por ese hecho concreto”.
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