El portavoz vecinal explica que en mayo de 2017 se cumplieron los siete años de plazo que tenían los adjudicatarios para ejercer la opción a compra de los pisos. De no aceptar esa opción y si querían seguir viviendo en las casas tenían que firmar el contrato de alquiler en el que el fondo de inversión les planteaba una subida de 300 euros mensuales, de forma progresiva en tres años.
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