El precio que el Ayuntamiento de Madrid pagó por Bicimad, el servicio de alquiler público de bicicletas eléctricas, 10,5 millones de euros "es acorde y ajustado al contrado celebrado". Es la conclusión a la que ha el perito judicial en su informe tras la querella que el Partido Popular ha interpuesto contra Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, y Álvaro Heredia, gerente de la EMT. El Consistorio consiguió con la operación "garantizar a través de la gestión de la EMT la continuidad del servicio Bicimad y su mejora".
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