Las quejas de los trabajadores se han colado incluso en la emisión de la cadena pública con motivo de los recortes en la corporación de RTVE. Los conservadores quieren que las sedes de TVE y RNE se incluyan entre las instalaciones en las que se "prestan servicios básicos". El proyecto prevé que las manifestaciones no comunicadas y la intrusión en esos espacios se consideren infracciones muy graves o graves sancionadas con hasta 600.000 euros. rel
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