Gallardón anunció en 2013 que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal acabaría con esa doctrina, pero el texto final presentado en 2015 no hacía mención a ella. En esos dos años avanzó la instrucción del caso Bárcenas, donde el PP se acogió a esa doctrina, y del caso Nóos, donde la han esgrimido los abogados de la infanta. En el trámite de la reforma los populares votaron contra una enmienda de UPyD que reclamaba lo que el PP había prometido en un primer momento. El PSOE se abstuvo.
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