La punta del iceberg de una presunta estafa inmobiliaria que asciende a 20 millones de euros sobre familias de varias provincias de Andalucía y de Murcia, saltó en Almuñécar. Allí, una promotora cordobesa de viviendas promocionó la construcción de un residencial que se construiría en un solar de 6.000 metros cuadrados, pero los compradores que esperaban su vivienda descubrieron que ni siquiera la parcela era propiedad del grupo inmobiliario. Fue la misma empresa quien comunicó que devolverían el dinero, pero eso nunca ocurría.
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