El 30 de noviembre, la compañía tendrá que sentarse en el banquillo frente a tres repartidores de Madrid. La denuncia del sindicato, que afectaría a todo el colectivo de empleados de la empresa en el Estado español, alega que los riders “mantienen una vinculación mercantil fraudulenta con la empresa, para tratar de esconder una relación de naturaleza puramente laboral”.
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