El Grupo Municipal de IU-LV elevó al debate plenario declarar como deuda ilegítima los 5,3 millones de euros que supone la diferencia entre los intereses crediticios que el Ayuntamiento está obligado a pagar a los bancos (por encima del 5%) y el interés inferior al 1% que paga la banca por la inyección previa de ese dinero público, en el marco del Plan de Pago a Proveedores de 2012.
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