Naciones Unidas exige la paralización del desahucio de Josefa Santiago, Pepi , hasta que la administración pública no garantice alternativa habitacional. Las diferentes plataformas y colectivos vecinales mantienen la acampada frente al portal de Argumosa 11 y convocatoria de stop desahucio.

Después de 20 años, Pepi está a punto de perder su casa por culpa de la especulación inmobiliaria. Sabe que lo tiene difícil, pero se resiste a abandonar su domicilio y luchará para que ese momento no llegue. "Los nuevos propietarios no se ponen delante; yo quiero pagar mi alquiler como el que tenía", le cuenta a Gonzo. Después de que unos inversores compraran su edificio, le piden 1.200 euros por su piso de 80 metros.

Un joven se enfrenta a siete meses de prisión por intentar parar un desahucio. La jueza del caso está vinculada al antiguo Ministerio del Interior y a la policía.

La movilización de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda consigue el aplazamiento del desalojo de Pepi, una viuda de 65 años, y sus dos hijas hasta que se le proporcione una vivienda alternativa. Tras 20 años viviendo de alquiler, una empresa inmobiliaria compró gran parte del bloque y aumentado los precios de los alquileres hasta un 300%.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, ha determinado en una comunicación que ha sido remitida a la Junta de Castilla-La Mancha y al propio Juzgado, para que suspenda el desahucio mientras “la comunicación está siendo considerada por el Comité” o se le otorgue a Safira “una vivienda alternativa adecuada". No obstante, la Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Casado Navarro, ha ordenado continuar el proceso de desalojo "con auxilio de la fuerza pública".

Denuncian una subida "abusiva" del alquiler y del precio de compra por parte del fondo buitre que las adquirió.

Yolanda pide ayuda para que el Ayuntamiento atienda su caso. Llegó a esa casa, propiedad de un banco, como okupa tras ser víctima de violencia de género y con una orden de alejamiento, teniendo a su hija enferma y con un 46% de discapacidad. Atendiendo a su situación, el banco aceptó que se quedara en el piso pagando un alquiler social de 91,80 euros al mes cuyo contrato vence el próximo 20 de octubre. La entidad quiere vender el piso.

Respecto a septiembre del año pasado han aumentado un 1,7%, según el Consejo General del Poder Judicial. Esto supone un cambio de tendencia, tras cuatro trimestres seguidos con cifras positivas. Suben en las viviendas alquiladas, pero bajan los embargos de inmuebles en propiedad. Por territorios, Cataluña, con 4.170 casos, representa el 24,3 % del total nacional. Es con diferencia la comunidad autónoma en la que más lanzamientos se realizaron el segundo trimestre. Le sigue Andalucía, con 2.718, Comunidad Valenciana, con 2.245, y Madrid,con 1878

Lian Lay Fournier, que se convertirá el 12 de octubre en nuera del nieto de Franco, es la nueva propietaria del edificio de Olmo 35, uno de los bloques de Lavapiés, en Madrid, que se enfrenta al desalojo de sus vecinos tras su compra por parte de un fondo de inversión.

“¿Por qué nos quitaron nuestra casa?”. La pregunta la hace Miguel (nombre ficticio), de ocho años y víctima de un desahucio.

La cifra de desalojos de inquilinos alcanza en junio la cifra más alta desde 2013, mientras que las ejecuciones hipotecarias se desploman.

Se trata de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Una norma que, a juicio de Podemos, vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el derecho la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva. El grupo parlamentario de Unidos Podemos recurrió la reforma a mediados del pasado mes de septiembre, alegando que su aplicación permite la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional

Yolanda es una mujer que escapó del maltrato de su pareja y con tres hijos menores a su cargo, uno de ellos con discapacidad.

Los inquilinos son parados y paradas de larga duración, ancianos enfermos, minusválidos, invidentes y mujeres víctimas de violencia de género a los que Altamira no quiere renovar el alquiler

Jorge y otra treintena de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trataron de impedir que la Policía entrase a la casa con una cadena humana, frente a un dispositivo policial "desproporcionado" según la PAH. Varios de ellos fueron identificados. A raíz de ese incidente, Jorge podría ingresar en prisión por supuestamente pisar la mano a uno de los agentes, hechos que él niega.

Los vecinos denuncian al Santander ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión de las viviendas protegidas; el Ayuntamiento amaga con retirar sus fondos del banco.

Dos funcionarios de la Xunta, concretamente la secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda y el subdirector de Patrimonio, han sido imputados por un delito de coacciones por intentar desalojar a dos ancianos de su inmueble en el número 1 de la Avenida de la Habana, en el centro de la ciudad de As Burgas, por medio de prácticas intimidatorias.

El matrimonio estaba al corriente de pago del alquiler de la vivienda en la que vivían desde hace 50 años, sin embargo, el arrendador ha decidido elevar el importe a 700 euros si querían continuar en la vivienda.

El 5 de septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió la paralización del desahucio de Safira Sánchez, que está previsto para este lunes 22 de octubre a las 9.00 horas. El Comité subraya que solicita esta suspensión o, alternativamente, se le otorgue una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, para evitar posibles daños irreparables a la Sra. Sánchez mientras el caso está siendo examinado por esta instancia.

Hace unos días fue desahuciada de una vivienda que había ocupado en el distrito de Villaverde. Tamara tiene tres hijos, dos de ellos dependientes. El más pequeño, de un año, está a punto de ser operado.

Entrevista con el exárbitro y exconcejal. ¿Quién o quienes arruinaron su vida deportiva? “Sin duda, el periodista José M García [...] llamó a unos abogados para influir en una decisión judicial en mi contra." ¿Sus negocios fueron producto de una mala gestión o de una sociedad equivocada? “...las personas que llevaban las empresas tenían buena voluntad, pero quizás no tenían la experiencia para un proyecto empresarial de tan alto nivel. No obstante, todos los problemas y las deudas me vinieron a mí, ya que yo era el administrador único”.

Decenas de personas han intentado evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, aunque finalmente este se ha producido y la mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Guadalajara, debido a la cardiopatía que sufre.

Las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE aumentan la presión para que España modifique su legislación hipotecariaPara Maciej Szpunar, los desahucios originados en la cláusula de vencimiento, que permite a los bancos exigir el pago de toda la deuda pendiente por el impago de tres cuotas, son contrarios al derecho comunitarioEl Tribunal Supremo español informó al Tribunal de Justicia de la UE de que el sistema bancario español sufriría perturbaciones graves y sistémicas si los bancos no pudieran recurrir...

Una persona ha sido agredida y detenida por la Policía Nacional esta mañana durante el desahucio de una mujer con su hija de 10 años en la calle Alfonso VIII de la localidad madrileña de Alcorcón. Policia Local y Nacional han participado en el desahucio de esta familia monoparental.