El Tribunal Supremo ha ratificado las multas a Renault, Citroën y Peugeot en España que suman 48,6 millones de euros. La sentencia se basa en la decisión que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por intercambiar información estratégica con otros fabricantes e importadoras de vehículos en 2015, lo que se considera prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia.
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