En un acto de radicalidad antisistema sin precedentes, los ministros de finanzas del G7 han decidido tratar de dejar atrás la competencia fiscal entre Estados, que únicamente beneficia a un capital que ya no soporta restricciones a la movilidad, fijar un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas y que, al menos, un 20% de su tributación se quede en los países donde generen un beneficio superior al 10%.
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