El juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de León ha condenado a la subdelegación del Gobierno en esta provincia a devolver los 300 euros que multa que un ciudadano pagó al incumplir la prohibición de desplazamiento impuesta durante el estado de alarma basándose exclusivamente en la declaración de inconstitucionalidad de esta medida. El fallo impone las costas procesales a la Administración demandada, al considerar que fue parte en el proceso de declaración de inconstitucionalidad.
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