El alcance de la nueva ley de memoria histórica, que acaba de anunciar el Gobierno, anularía de oficio el proceso que llevó a destituir y fusilar al rector de la Universidad de Oviedo en 1937, Leopoldo Alas. El suyo y el de miles de asturianos que fueron juzgados y asesinados durante la Guerra Civil y en los largos años de posguerra.
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