Al grito de “Aquí se hace lo que yo digo”, Gordon prohibió la grabación del pleno y procedió a dar aviso a la Guardia Civil para que expulsara del pleno a la vecina que pretendía grabarlo, acusándola de desacato. De nada sirvió que tuviera en su poder una sentencia judicial que avala la grabación de los plenos a fin de difundir un derecho fundamental recogido en la Constitución, como es el derecho a la información.
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