En los próximos meses el Parlamento Europeo aprobará la Ley de Servicios Digitales (DSA), un mastodóntico proyecto legislativo en el que se incentivará a esas plataformas a frenar los bulos y será la CE quien determine si han hecho suficiente. Este punto es controvertido, pues las amenazas de carácter racial, étnico, sexual o religioso pueden ser ilegales, pero la desinformación no lo es. La presión de Bruselas para que las redes sociales eliminen este tipo de contenido bajo amenaza de sanciones inquieta a expertos y organizaciones por los der
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