El empobrecimiento sostenido y el despido abaratado han comenzado a generar un cambio que tal vez empieza a notarse. Hoy, casi la mitad de los ciudadanos y ciudadanas del Estado (un 47%) ha dejado de comprar marcas o productos o de acceder a determinados servicios por considerarlos irrespetuosos con el entorno o con algún derecho fundamental. El incremento es de casi un 17% respecto a 2012, cuando el 29,3% aseguraba mantener un consumo crítico. Y se encuentra en alza continua desde 2010.
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