Las comunidades autónomas podrán suspender durante un plazo máximo de cuatro años la obligación de destinar parte del suelo urbanizable a la construcción de vivienda pública protegida (VPP). Eso sí, siempre y cuando existan más pisos de este tipo construidos que demanda real. Una medida se había solicitado ya en varias ocasiones desde el sector promotor.
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