El descenso de la licitación de Obra Pública, de más del 30% en el ministerio de Fomento y de mayor cuantía en ayuntamientos y otros contratistas públicos, ha originado una guerra de precios brutal entre las constructoras para conseguir la adjudicación de obras que les permitan mantener su actividad. Esta situación les ha llevado a realizar una reducción temeraria de sus ofertas, que en algún caso han obligado a dejar en suspenso la adjudicación a la espera de que el contratista reciba explicaciones convincentes sobre el precio.
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