Finalmente ha ocurrido. El pasado 5 de noviembre, el Gobierno en funciones publicó en el BOE el Real Decreto-ley 14/2019 del 31 de octubre que establecía que «el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».
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