La doctrina que ha creado el Tribunal Supremo para desimputar a Pablo Casado en el “caso Master”, exigiendo ahora el acuerdo de voluntades en el delito de prevaricación, le obliga a revisar la condena impuesta al juez Baltasar Garzón – y a todos los demás jueces condenados por el mismo motivo- para cuya inhabilitación no exigió entonces ese concierto de voluntades que ahora se considera necesario.
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