Consideran que "en ambos casos" se financia a la institución eclesiástica. Así, señalan que "aproximadamente la mitad de las organizaciones que reciben los fondos asignados para fines de interés social están vinculadas a la Iglesia". Opinan además que las organizaciones católicas con fines sociales "se rigen por el derecho canónigo y no por las leyes generales a las que sí están obligadas otras entidades, por lo que, por ejemplo, generalmente carecen de democracia interna, discriminan a las mujeres y conculcan otros principios constitucionales"
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