Tanto la actual ley del aborto como la reforma que estudia en estos momentos el Gobierno prevén como plazo máximo para interrumpir un embarazo la semana 22 de la gestación. Sin embargo, cada año se dan en España alrededor de 1.000 casos en los que se detectan graves malformaciones en el feto con el embarazo más avanzado. Las mujeres en estos casos se ven en el drama de no poder interrumpir su gestación, aún sabiendo que sus hijos no podrán vivir más allá de unos meses, o permanecerán en estado vegetal el resto de su vida.
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