Es decir, de los inmuebles que las entidades financieras se han adjudicado a cambio de deuda de los promotores. Éstos deberían hacer frente al impuesto, pero su delicada situación financiera lo impide. La realidad es que varias grandes empresas del sector han suspendido pagos y la mayoría de ellas han cerrado refinanciaciones in extremis para evitar el concurso de acreedores. El proceso está en la fase inicial y los primeros expedientes ya están en marcha. Aún se desconoce si Hacienda exige el pago de la totalidad o tan sólo de una parte.
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