Méndez ha denunciado coacciones a diversos grupos de trabajadores, "a los que se les exige comunicar si van o no a la huelga y se les amenaza con que si la hacen el día 30 de septiembre estarán despedidos". Por otra parte, algunos servicios mínimos que han impuesto las Comunidades Autónomas de diferente signo son abusivos y contrarios al derechos de huelga.
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