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A puerta cerrada, y a través de la presión sobre las plataformas privadas, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado su poder para intentar moldear el discurso en línea.
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A pesar de todo eso, sigue siendo un medio con bastante seriedad cuando se trata de libertades civiles en los EE.UU. Lee Fang y Ken Klippenstein podrán ser acusados de cualquier cosa salvo de prorrusos o antiamericanos. Sin embargo, una investigación que debería estar abriendo telediarios y copando portadas de periódicos, está siendo silenciada por The New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC y demás mainstream media ligado al Partido Demócrata.
El único medio mainstream que se ha hecho eco de la noticia es Fox News a través de Tucker Carlson. Cómo no, eso le ha valido a Lee Fang ser despreciado de forma falaz y catalogado de "desinformador" por aceptar la invitación de Fox News.
Este es el problema actual de Twitter y de los medios de comunicación en los EE.UU. y en Europa. Trump es la excusa perfecta para cualquier situación en la que haya que aplicar censura y mentiras. Y en Europa estamos haciendo lo mismo, al servicio de los intereses del Partido Demócrata.
Todos sabemos que el Partido Republicano está lleno de mentirosos profesionales antidemocráticos. Pocos saben que el Partido Demócrata también lo está.
EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DOMÉSTICA está ampliando silenciosamente sus esfuerzos para frenar el discurso que considera peligroso, según ha descubierto una investigación de The Intercept. Años de memorandos, correos electrónicos y documentos internos del DHS -obtenidos a través de filtraciones y de un juicio en curso, así como de documentos públicos- ilustran un esfuerzo expansivo de la agencia para influir en las plataformas tecnológicas.
El trabajo, que en gran parte sigue siendo desconocido para el público estadounidense, salió a la luz a principios de este año cuando el DHS anunció un nuevo "Consejo de Gobernanza de la Desinformación": un panel diseñado para vigilar la desinformación (información falsa difundida involuntariamente), la desinformación (información falsa difundida intencionadamente) y la mala información (información objetiva compartida, normalmente fuera de contexto, con intención dañina) que supuestamente amenaza los intereses de Estados Unidos. Aunque la junta fue ampliamente ridiculizada, inmediatamente reducida y luego cerrada en unos pocos meses, hay otras iniciativas en marcha mientras el DHS pivota hacia la supervisión de las redes sociales ahora que su mandato original -la guerra contra el terrorismo- ha terminado.
A puerta cerrada, y a través de la presión sobre las plataformas privadas, el gobierno de EE.UU. ha utilizado su poder para tratar de dar forma al discurso en línea. Según las actas de las reuniones y otros documentos adjuntos a la demanda presentada por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, un republicano que también se presenta como candidato al Senado, las discusiones han abarcado desde la escala y el alcance de la intervención del gobierno en el discurso en línea hasta la mecánica para agilizar las solicitudes de retirada de información falsa o intencionadamente engañosa.
"Las plataformas tienen que sentirse cómodas con el gobierno. Es realmente interesante lo indecisos que siguen siendo", dijo en febrero el ejecutivo de Microsoft Matt Masterson, antiguo funcionario del DHS, a Jen Easterly, directora del DHS.
En una reunión celebrada en marzo, Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, advirtió que la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno de Estados Unidos. Dehmlow, según las notas del debate al que asistieron altos ejecutivos de Twitter y
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En 2018, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, creó el Grupo de Trabajo para Contrarrestar la Influencia Extranjera para responder a la desinformación electoral. El grupo de trabajo, que incluía miembros de CISA, así como su Oficina de Inteligencia y Análisis, generó "inteligencia de amenazas" sobre las elecciones y notificó a las plataformas de medios sociales y a las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, el DHS comenzó a notificar a las empresas de medios sociales sobre la desinformación relacionada con la votación que aparecía en las plataformas sociales.
En 2019, el DHS creó una entidad separada llamada Subdivisión de Influencia e Interferencia Extranjera para generar inteligencia más detallada sobre la desinformación, según muestra el informe del inspector general. Ese año, su personal creció hasta incluir 15 empleados a tiempo completo y parcial dedicados al análisis de la desinformación. En 2020, el enfoque de la desinformación se amplió para incluir Covid-19, según una Evaluación de la Amenaza Nacional publicada por el Secretario en funciones Chad Wolf.
Este aparato tuvo un ensayo general durante las elecciones de 2020, cuando la CISA comenzó a trabajar con otros miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El personal de la Oficina de Inteligencia y Análisis asistió a "teleconferencias semanales para coordinar las actividades de la Comunidad de Inteligencia para contrarrestar la desinformación relacionada con las elecciones." Según el informe del IG, las reuniones han seguido celebrándose cada dos semanas desde las elecciones.
Los correos electrónicos entre los funcionarios del DHS, Twitter y el Centro para la Seguridad en Internet esbozan el proceso de estas solicitudes de retirada durante el período previo a noviembre de 2020. Las notas de la reunión muestran que las plataformas tecnológicas serían llamadas a "procesar los informes y proporcionar respuestas oportunas, para incluir la eliminación de la desinformación reportada de la plataforma cuando sea posible." En la práctica, esto significaba que los funcionarios electorales de los estados enviaban ejemplos de posibles formas de desinformación a la CISA, que a su vez los transmitía a las empresas de medios sociales para que respondieran.
Bajo el mandato del presidente Joe Biden, la atención a la desinformación ha continuado. En enero de 2021, la CISA sustituyó el grupo de trabajo
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Sin embargo, el gobierno de Biden intentó hacer pública parte de esta infraestructura en abril de 2022, con el anuncio de la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Nunca se aclararon las funciones exactas de la junta, ni cómo cumpliría su objetivo de definir y combatir el MDM.
La junta se enfrentó inmediatamente a reacciones de todo el espectro político. "¿Quién de nosotros cree que el gobierno debe añadir a su lista de trabajo la tarea de determinar qué es verdad y qué es desinformación? ¿Y quién cree que el gobierno es capaz de decir la verdad?", escribió el crítico de medios de comunicación de Político, Jack Shafer. "Nuestro gobierno produce mentiras y desinformación a escala industrial y siempre lo ha hecho. Sobreclasifica información vital para impedir que sus propios ciudadanos se enteren. Paga a miles de ayudantes de prensa para que jueguen a esconder el salami con los hechos".
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, aludió al amplio alcance del esfuerzo de desinformación de la agencia cuando declaró ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que el papel de la junta -que en ese momento había sido rebajada a "grupo de trabajo"- es "desarrollar realmente directrices, normas, barandillas para garantizar que el trabajo que ha estado en marcha durante casi 10 años no infrinja los derechos de libertad de expresión, los derechos de privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles de las personas."
"Fue bastante desconcertante, francamente", añadió, "que el trabajo de desinformación que estaba en marcha desde hace muchos años a través de diferentes administraciones independientes no estuviera guiado por barandillas".
El Departamento de Seguridad Nacional acabó eliminando la Junta de Gobierno de Desinformación en agosto. Aunque los defensores de la libertad de expresión celebraron la disolución de la junta, otros esfuerzos del gobierno para erradicar la desinformación no sólo han continuado, sino que se han ampliado para abarcar otras subagencias del DHS como Aduanas y Protección de Fronteras, que "determina si la información sobre el componente difundida a través de plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter es exacta". Otras agencias como el Servicio de Inmigración y Aduanas, la Dirección de Ciencia y Tecnología (cuyas responsabilidades incluyen "determinar si las cuentas de los medios sociales eran
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La expansión del HS hacia la desinformación, la desinformación y la malinformación representa un importante reajuste estratégico para la agencia, que fue fundada en 2002 en respuesta a los atentados del 11-S como un baluarte para coordinar las operaciones de inteligencia y seguridad en todo el gobierno. Al mismo tiempo, el FBI desplegó miles de agentes para centrarse en los esfuerzos antiterroristas, mediante la creación de redes de informantes y operaciones de inteligencia diseñadas para prevenir ataques similares.
Pero las formas tradicionales de terrorismo, planteadas por grupos como Al Qaeda, evolucionaron con el auge de las redes sociales, con grupos como el Estado Islámico utilizando plataformas como Facebook para reclutar y radicalizar a nuevos miembros. Tras las reticencias iniciales, los gigantes de las redes sociales colaboraron estrechamente con el FBI y el DHS para ayudar a vigilar y eliminar las cuentas afiliadas al ISIS.
El director del FBI, James Comey, declaró ante la Comisión de Inteligencia del Senado que las fuerzas del orden debían "adaptarse y afrontar rápidamente los retos" que plantean las redes terroristas, que han demostrado ser expertas en aprovechar las redes sociales. Las agencias de inteligencia respaldaron nuevas empresas diseñadas para supervisar el vasto flujo de información a través de las redes sociales para comprender mejor las narrativas y los riesgos emergentes.
"El Departamento no ha sido completamente reautorizado desde su creación hace más de quince años", advirtió el Comité de Seguridad Nacional del Senado en 2018. "A medida que el panorama de las amenazas sigue evolucionando, el Departamento ajustó su organización y actividades para hacer frente a las amenazas emergentes y proteger el territorio nacional de Estados Unidos. Esta evolución de los deberes y la organización del Departamento, incluida la estructura y las operaciones de la sede del DHS, nunca se ha codificado en el estatuto."
La posterior derrota militar de las fuerzas del ISIS en Siria e Irak, junto con la retirada de Afganistán, dejó al aparato de seguridad nacional sin un objetivo. Mientras tanto, una nueva amenaza entró en el discurso. La acusación de que agentes rusos habían sembrado desinformación en Facebook que inclinó las elecciones de 2016 hacia Donald Trump hizo que el FBI formara el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera, un equipo dedicado a prevenir la intromisión extranjera en las elecciones estadounidenses.
Según las actas de la reunión del DHS de marzo, el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI incluye este año a 80 personas centradas en frenar "los datos subversivos utilizados para abrir una brecha entre la población y el gobierno."
"El Departamento encabezará iniciativas para aumentar la conciencia de las campañas de desinformación dirigidas a las comunidades en los Estados Unidos, proporcionando a los ciudadanos las herramientas necesarias para identificar y detener la propagación de las operaciones de información destinadas a promover la radicalización hacia el extremismo violento o la movilización hacia la violencia", dijo el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, en un marco estratégico de septiembre de 2019.
(SIGUE)
El DHS también comenzó a ampliar su vigilancia para incluir una amplia gama de actores nacionales considerados como fuentes potenciales de radicalización y agitación. Un funcionario del FBI entrevistado por The Intercept describió cómo, en el verano de 2020, en medio de las protestas de George Floyd, fue reasignado de su trabajo normal de lucha contra los servicios de inteligencia extranjeros a la vigilancia de las cuentas de los medios sociales estadounidenses. (El funcionario, no autorizado a hablar públicamente, describió la reasignación bajo condición de anonimato).
Y un memorando de junio de 2020 con el asunto "Acciones para hacer frente a la amenaza que suponen los terroristas domésticos y otros extremistas domésticos" preparado por la sede del DHS para Wolf, secretario en funciones del DHS de Trump, delinea los planes para "ampliar el intercambio de información con el sector tecnológico" con el fin de "identificar las campañas de desinformación utilizadas por los actores del DT [terrorismo doméstico] para incitar a la violencia contra la infraestructura, los grupos étnicos, raciales o religiosos, o los individuos." El memorándum describe los planes para trabajar con socios del sector tecnológico privado para compartir inteligencia no clasificada del DHS sobre "actores del DT y sus tácticas" para que las plataformas puedan "utilizar eficazmente sus propias herramientas para hacer cumplir los acuerdos de usuario/términos de servicio y eliminar el contenido del DT".
Biden también dio prioridad a estos esfuerzos. El año pasado, el gobierno de Biden publicó la primera Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico. La estrategia identificó una "prioridad más amplia: mejorar la fe en el gobierno y hacer frente a la polarización extrema, alimentada por una crisis de desinformación y desinformación a menudo canalizada a través de las plataformas de medios sociales, que puede separar a los estadounidenses y llevar a algunos a la violencia."
"Estamos trabajando con gobiernos afines, la sociedad civil y el sector tecnológico para hacer frente al contenido terrorista y extremista violento en línea, incluso a través de colaboraciones de investigación innovadoras", continuaba el documento de estrategia, añadiendo que la administración estaba "abordando la crisis de la desinformación y la desinformación, a menudo canalizada a través de las
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n retrospectiva, el informe del New York Post sobre el contenido del portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 proporciona un estudio de caso elocuente de cómo funciona esto en un entorno cada vez más partidista.
Gran parte del público ignoró la información o asumió que era falsa, ya que más de 50 ex funcionarios de inteligencia denunciaron que la historia del portátil era una creación de una campaña de "desinformación rusa". Los principales medios de comunicación se cebaron con las acusaciones de injerencia en las elecciones de 2016 y, sin duda, Trump intentó utilizar el portátil para perturbar la campaña de Biden. Twitter acabó prohibiendo los enlaces al informe del New York Post sobre el contenido del portátil durante las semanas cruciales que precedieron a las elecciones. Facebook también redujo la capacidad de los usuarios para ver la historia.
En los últimos meses, ha surgido una imagen más clara de la influencia del gobierno.
En una aparición en el podcast de Joe Rogan en agosto, el director general de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que Facebook había limitado el uso compartido de la información del New York Post tras una conversación con el FBI. "El trasfondo aquí es que el FBI vino a nosotros -algunas personas de nuestro equipo- y fue como, 'Oye, para que sepas, deberías estar en alerta máxima de que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016'", dijo Zuckerberg a Rogan. El FBI les dijo, dijo Zuckerberg, que "'Lo tenemos sobre aviso de que básicamente está a punto de haber algún tipo de volcado'". Cuando la historia del Post salió a la luz en octubre de 2020, Facebook pensó que "encajaba con ese patrón" que el FBI les había dicho que buscaran.
Zuckerberg dijo que se arrepentía de la decisión, al igual que Jack Dorsey, el CEO de Twitter en ese momento. A pesar de las afirmaciones de que el contenido del portátil era falso, el Washington Post confirmó que al menos algunos de los correos electrónicos del portátil eran auténticos. El New York Times autentificó los correos electrónicos del portátil -muchos de los cuales fueron citados en el reportaje original del New York Post de octubre de 2020- que los fiscales han examinado como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre si el hijo del presidente violó la ley en una serie de cuestiones, incluyendo el lavado de dinero, los delitos relacionados con los impuestos y el registro de grupos de
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En mayo, el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, se puso a la cabeza de la presentación de una demanda para luchar contra lo que él considera un esfuerzo generalizado del gobierno de Biden por presionar a las empresas de medios sociales para que moderen ciertos contenidos que aparecen en sus plataformas.
La demanda alega los esfuerzos de todo el gobierno para censurar ciertas historias, especialmente las relacionadas con la pandemia. También nombra a múltiples agencias del gobierno que han participado en los esfuerzos para controlar la expresión y la "colusión abierta" entre la administración y las empresas de medios sociales. Identifica, por ejemplo, correos electrónicos entre funcionarios de los Institutos Nacionales de la Salud, incluido el Dr. Anthony Fauci, y Zuckerberg al principio de la pandemia, y revela conversaciones en curso entre altos funcionarios de la administración Biden con ejecutivos de Meta sobre el desarrollo de políticas de moderación de contenidos en una serie de temas, incluidos los relacionados con las elecciones y las vacunas.
Los abogados del gobierno de Biden han respondido en los tribunales alegando que los demandantes carecen de legitimación y que las empresas de medios sociales aplicaron políticas de moderación de contenidos por su propia voluntad, sin ninguna influencia "coercitiva" del gobierno. El 21 de octubre, el juez que preside el caso concedió a los fiscales generales permiso para interrogar a Fauci, a funcionarios de la CISA y a especialistas en comunicación de la Casa Blanca.
Si bien la demanda tiene un claro sesgo partidista, señalando con el dedo a la administración Biden por supuestamente tratar de controlar la expresión privada, muchas de las citaciones solicitan información que se extiende hasta la era Trump y proporciona una ventana a lo absurdo del esfuerzo en curso.
"Cada vez hay más pruebas de que los funcionarios del poder legislativo y ejecutivo están utilizando a las empresas de medios sociales para ejercer la censura por sustitución", dijo Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, que ha escrito sobre la demanda. "Es axiomático que el gobierno no puede hacer indirectamente lo que tiene prohibido hacer directamente. Si los funcionarios del gobierno están dirigiendo o facilitando esa censura, plantea serias cuestiones de la Primera Enmienda."
Durante las elecciones de 2020, el Departamento de
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"Un día después del importante reportaje de Lee Fang y Ken Klippenstein demostrando que el Gobierno de los EE.UU. y seguridad del estado están diciéndoles a las grandes tecnológicas qué censurar (y qué no), el número 2 de los Demócratas en el Senado intenta restringir radicalmente el significado de la "libertad de expresión" contradiciendo toda la jurisprudencia sobre la Primera Enmienda"
Senador Dick Durbin:
"La libertad de expresión no incluye la difusión de desinformación para minimizar la violencia política"
(Esto ya es de mi cosecha)
Resulta además curioso porque, durante la presidencia de Trump, hay incontables ejemplos de personalidades ligadas o pertenecientes al Partido Demócrata llamando a la violencia en las calles. Desde la CNN, entre otras muchas tribunas de opinión.
"La Primera Enmienda prohibe al gobierno decidir por nosotros qué es cierto y qué es falso, online o en cualquier lugar.
Nuestro gobierno no puede servirse de presiones privadas para esquivar nuestros derechos constitucionales"
Eso sí, me parece penoso que el único de los grandes medios que se haga eco sea Tucker Carlson, que más que difundir la información, la enpantana y muchos lo consideraran otro de los numerosos bulos que el presentador ha propagado...
Esta investigación lo ha demostrado con pruebas.
Por cierto. No hay más que buscar la palabra "cenar/cenado" en comentarios, ordenados por fecha, para ver lo que decía